La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, junto al presidente de la Generalitat, Artur Mas/EFE La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, junto al presidente de la Generalitat, Artur Mas/EFE

 

 


Jordi Pujol Ferrusola ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga sus cuentas que llame a declarar como testigo a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, para que testifique sobre la conversación que mantuvo con su expareja, Victoria Álvarez, que espió y grabó Método 3. La dirigente popular llegó un acuerdo con la citada agencia de detectives para retirar su demanda civil por haber sido espiada.

Sánchez-Camacho pidió que se prohibiera difundir la grabación
En marzo pasado, el juzgado de primera instancia número 21 de Barcelona prohibió difundir la conversación grabada a la dirigente popular con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, en julio de 2010, accediendo a una de las medidas cautelares solicitadas por Sánchez-Camacho en su demanda.

El sorpresivo pacto de la política con Método 3
La presidenta del PP catalán decidió ejercer la acusación particular por el caso del espionaje, según dijo, por sentirse víctima de una clara intencionalidad política de perjudicar a su persona. En un comunicado, el PP catalán explicó que el juez, en su auto, requiere a la agencia de detectives Método 3 que ponga a su disposición la grabación original de dicha conversación, así como todas las copias que existan. Sánchez-Camacho manifestó su intención de llegar hasta el final para conocer quiénes habían encargado el espionaje. Sin embargo, este jueves se ha hecho público un pacto de la política con la agencia de detectives, que incluye una indemnización de 80.000 euros.

Movimientos de 32,4 millones en ocho años
Según adelanta El Mundo, el hijo del expresidente Jordi Pujol ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga su caso, un escrito en el que explica movimientos económicos reflejados en un informe de Hacienda que desveló que en los últimos ocho año, el hijo del expresidente de la Generalitat o empresas vinculadas directamente a él movieron 32,4 millones de euros en 118 operaciones hacia o desde el extranjero, incluyendo paraísos fiscales. La expareja de Jordi Pujol Jr. le acusó, en declaraciones a la UDEF, de un presunto delito de evasión de capitales.