La juez Mercedes Alaya, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha ordenado en la noche de ayer martes el ingreso en prisión provisional, eludible bajo fianza de 600.000 euros, del dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, según han informado a los periodistas fuentes del caso.
La juez le imputa una decena de delitos
La decisión de la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla se ha producido después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación ejercida por el PP solicitaran en una comparecencia previa el ingreso en prisión pero sin fianza del imputado, a quien la juez imputa una decena de delitos.
La Junta personada como acusación
De su lado, la Junta de Andalucía, personada también como acusación en esta causa, no solicitó el ingreso en la cárcel del propietario de Uniter y únicamente que compareciera periódicamente ante el Juzgado y la retirada del pasaporte, petición a la que se adhirió la acusación ejercida por el sindicato UGT.
Fianza de 600.000 euros
Según Europa Press en el auto de prisión la magistrada fija una fianza de 600.000 euros, la misma cantidad acordada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial al dejar en libertad a varios de los imputados, entre ellos los exdirectivos de Vitalia Antonio Albarracín -que la abonó y pudo salir en libertad- y María Vaqué, que continúa en prisión.
El Consorcio de Compensación de Seguros como administrador judicial
En el mismo auto, la instructora nombra al Consorcio de Compensación de Seguros como administrador judicial de Uniter y Cureña e impone a González Mata una fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones de euros, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 177 millones de euros más el tercio legalmente previsto. Una vez le ha sido notificado el auto de prisión, pasadas las 22,30 horas, el propietario de Uniter ha sido conducido por la Guardia Civil a la cárcel de Sevilla-I.
Ha bloqueado las 84 cuentas bancarias
Tras conocer la decisión, el abogado del imputado, Juan Pedro Cosano, ha atendido a los periodistas visiblemente afectado y ha tachado de "contraproducente" que la juez le haya impuesto una fianza de 600.000 euros al mismo tiempo que mantiene bloqueadas 84 cuentas bancarias que se encuentran a nombre del dueño de la mediadora o de algunas de las empresas vinculadas a Uniter, como son Cureña S.L. o Ingotor Seguros S.L..
El letrado del imputado ve un "disparate"
Se trata de un "disparate y un sinsentido que no sirve a ningún fin constitucional", porque en estas circunstancias la fianza "se convierte en ilusoria", ha aseverado el letrado, quien ha propuesto prestar la fianza en forma de garantía hipotecaria y no en efectivo, a lo que la magistrada se ha negado, por lo que ha anunciado que recurrirá su decisión directamente ante la Audiencia Provincial a fin de "intentar modificar la situación personal" de su patrocinado. A su juicio, la decisión adoptada por la magistrada "está basada en temas metajurídicos".
Presuntos delitos de malversación, prevaricación...
La juez Alaya imputa al propietario de Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
La juez le imputa una decena de delitos
La decisión de la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla se ha producido después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación ejercida por el PP solicitaran en una comparecencia previa el ingreso en prisión pero sin fianza del imputado, a quien la juez imputa una decena de delitos.
La Junta personada como acusación
De su lado, la Junta de Andalucía, personada también como acusación en esta causa, no solicitó el ingreso en la cárcel del propietario de Uniter y únicamente que compareciera periódicamente ante el Juzgado y la retirada del pasaporte, petición a la que se adhirió la acusación ejercida por el sindicato UGT.
Fianza de 600.000 euros
Según Europa Press en el auto de prisión la magistrada fija una fianza de 600.000 euros, la misma cantidad acordada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial al dejar en libertad a varios de los imputados, entre ellos los exdirectivos de Vitalia Antonio Albarracín -que la abonó y pudo salir en libertad- y María Vaqué, que continúa en prisión.
El Consorcio de Compensación de Seguros como administrador judicial
En el mismo auto, la instructora nombra al Consorcio de Compensación de Seguros como administrador judicial de Uniter y Cureña e impone a González Mata una fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones de euros, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 177 millones de euros más el tercio legalmente previsto. Una vez le ha sido notificado el auto de prisión, pasadas las 22,30 horas, el propietario de Uniter ha sido conducido por la Guardia Civil a la cárcel de Sevilla-I.
Ha bloqueado las 84 cuentas bancarias
Tras conocer la decisión, el abogado del imputado, Juan Pedro Cosano, ha atendido a los periodistas visiblemente afectado y ha tachado de "contraproducente" que la juez le haya impuesto una fianza de 600.000 euros al mismo tiempo que mantiene bloqueadas 84 cuentas bancarias que se encuentran a nombre del dueño de la mediadora o de algunas de las empresas vinculadas a Uniter, como son Cureña S.L. o Ingotor Seguros S.L..
El letrado del imputado ve un "disparate"
Se trata de un "disparate y un sinsentido que no sirve a ningún fin constitucional", porque en estas circunstancias la fianza "se convierte en ilusoria", ha aseverado el letrado, quien ha propuesto prestar la fianza en forma de garantía hipotecaria y no en efectivo, a lo que la magistrada se ha negado, por lo que ha anunciado que recurrirá su decisión directamente ante la Audiencia Provincial a fin de "intentar modificar la situación personal" de su patrocinado. A su juicio, la decisión adoptada por la magistrada "está basada en temas metajurídicos".
Presuntos delitos de malversación, prevaricación...
La juez Alaya imputa al propietario de Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
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