La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha pedido a la Fiscalía de este órgano que investigue si la Diputación de Castellón prevaricó o malversó caudales públicos en la venta de entradas para festejos taurinos al Ayuntamiento de Vila-real, al considerar que existen indicios de que la actuación pudiera constituir un ilícito penal, al no existir el adecuado soporte contractual administrativo.

Además, la Sala reconoce al Ayuntamiento de Vila-real el derecho a que la institución provincial le abone los 19.850 euros que le cobró por las entradas de toros correspondientes a los años 2010 y 2011.

Cobrarse “directamente” del dinero
El Ayuntamiento de Vila-real ha explicado, en un comunicado, que este proceso se inició en enero de 2012, cuando presentó un recurso de reposición contra un decreto de la Diputación por el cual la corporación provincial decidía cobrarse "directamente" del dinero que debía ingresar al consistorio por el servicio de recaudación de multas los 19.850 euros correspondientes a 250 entradas de la Beneficencia de 2010 y otras 250 entradas de 2011 que supuestamente Vila-real habría adquirido.

Sin embargo, -añade el consistorio- el expediente de investigación tramitado por el Ayuntamiento "demostró que estas entradas nunca" llegaron a comprarse, a través de las declaraciones recogidas por escrito tanto del exalcalde como de anteriores responsables municipales e, incluso, dice que consta una respuesta plenaria del anterior portavoz del equipo de gobierno, el concejal del PP Ignasi Clausell, en la que asegura que las entradas de 2010 fueron devueltas.

“Silencio negativo” de la Diputación
Según el consistorio, ante el "silencio negativo" de la corporación provincial a este recurso, el Ayuntamiento presentó en mayo de 2012 un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Diputación de Castellón de no devolver al municipio el dinero de las entradas.

En julio de 2012, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón inadmitió a trámite el recurso del consistorio, fallo al cual el Ayuntamiento de Vila-real respondió con el recurso de apelación que ahora el TSJCV ha estimado, revocando la sentencia de primera instancia y estimando el recurso contencioso-administrativo presentado por el consistorio.

“Contrario a derecho”
Ahora, la sentencia de la Sala indica que el decreto de la Diputación es "contrario a derecho", ya que la institución provincial compensó supuestas deudas con el consistorio vilarealense "sin cumplir el procedimiento reglamentariamente establecido". Así, indica que la Diputación resolvió la compensación "de forma unilateral y ejecutiva", sin haber notificado al Ayuntamiento el inicio del procedimiento y antes de la notificación del acto de compensación, "actuando, por tanto, al margen del procedimiento establecido, con indefensión para la corporación apelante".

Así mismo, el TSJ señala que la institución provincial compensó unas facturas "sin causa para ello", puesto que no ha acreditado que fueran pertinentes o que respondieran a obligaciones contraídas por el Ayuntamiento de Vila-real, sin existir dato alguno que permita su exigencia y, menos aún, contrato que permita apreciar la existencia de una deuda y que ésta fuera líquida, vencida y exigible.

“Verdadera perplejidad”
Por el contrario, la sala destaca que causa "verdadera perplejidad" que se argumente por la Diputación que su título de crédito se debía a solicitudes de entradas para festejos taurinos de los años 2010 y 2011 "de forma oral, sin contrato o convenio alguno escrito", y que argumente una "especie de justificación" al explicar que "ha sido práctica habitual, todo ello siempre de forma oral, sin suscripción de contrato o convenio alguno, que los municipios interesados en adquirir entradas para los festejos taurinos de beneficencia solicitaran determinado número de entradas, siempre de forma oral, abonando posteriormente a su recepción el importe de las mismas".

La sentencia asegura que cabe preguntarse si las prácticas expuestas "repelen al Derecho", más aún "si se pretenden defender en el ámbito de la Administración de Justicia, "debiendo tildar de temeraria la defensa que la Diputación hace de sus 'prácticas habituales', más si afectan a dinero público por la no despreciable cantidad de 19.850 euros, y sólo en lo que respecta al Ayuntamiento de Vila-real". Así, la sala estima el recurso de apelación y reconoce el derecho a que la Diputación reintegre el importe indebidamente compensado, a la vez que impone las costas de la instancia a la institución provincial "por su manifiesta temeridad en la defensa de una actuación tan insostenible como ilegal".

Malversación y/o prevaricación
Además, el TSJ considera que existen indicios de que la actuación de la Diputación puede constituir un ilícito penal, -por malversación de caudales públicos y/o prevaricación en la gestión de fondos públicos- en el suministro de bienes o servicios -entradas para festejos taurinos- sin el adecuado soporte contractual administrativo, por lo que considera que procede deducir testimonio de esta sentencia para su remisión a la Fiscalía "a fin de que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar".

Tras conocer este fallo, el concejal Francisco Valverde ha recordado que el Ayuntamiento ha pedido en reiteradas ocasiones que se devolvieran a Vila-real estos 19.850 euros, "pero ante la actitud de la Diputación nos vimos obligados a acudir a la Justicia para defender los intereses de los vila-realenses, y ahora la Justicia nos da la razón".

“Tremendamente desleal”
En su opinión, la Diputación de Castellón ha sido "tremendamente desleal" con la ciudad de Vila-real, en lugar de ser una institución de apoyo para los ayuntamientos", y ha añadido que el portavoz municipal del PP, Héctor Folgado, también diputado provincial de Cultura, "sólo tiene ahora dos opciones: o dimite de concejal o dimite de diputado".