Caminar junto a la ciudadanía
Esta norma sellará por ley su compromiso con la transparencia, algo que reclama de manera masiva la sociedad. Después de encabezar los rankings de transparencia desde hace tiempo, Andalucía da ahora un paso más y profundiza en este camino porque avanzar en transparencia es avanzar en democracia. Por tanto la legislación andaluza camina junto a la ciudadanía en sus demandas.
Una ley valiente más completa y ambiciosa que la del Gobierno central
La Ley supone dar una vuelta de tuerca más a una práctica que Andalucía viene desarrollando con éxito y que la ha colocado como una de las comunidades autónomas más valoradas. Esta Ley va a ser un modelo de transparencia para otras leyes. Andalucía vuelve a ser ejemplo y referente para otros territorios. Incluso supera a la norma nacional que prepara el Gobierno central, y que aún no se ha aprobado, es ley básica y establecerá un marco general. La andaluza ha querido ir avanzando, marcando su propio camino, con una Ley ambiciosa, que vaya por delante.
Es un derecho ciudadano y un deber de las administraciones
De esta manera Andalucía demuestra firme y claramente que cree en la transparencia. Y que da respuestas a las demandas de la ciudadanía. Los ciudadanos reclaman y exigen instituciones más abiertas y cercanas. Tienen derecho a saber qué se hace con sus impuestos, qué decisiones se toman y por qué. Con esta Ley podrán saberlo. Parte de la idea de que la transparencia es un derecho ciudadano y un deber y una obligación de las administraciones que gestionan dinero público.
Transversalidad
Es una Ley que otorga más control y poder al ciudadano. Da más voz a la ciudadanía. Con ella se implanta una nueva cultura de la transparencia. Nace con vocación de transversalidad y con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana. Esta Ley supone un cambio de actitud y una nueva forma de relación entre administración y ciudadanos. Se debe dar información de todo lo que se hace, salvaguardando los datos de carácter personal y la reserva que estrictamente sea obligada.
Obliga a administraciones, partidos, sindicatos y organizaciones empresariales
Es una Ley exigente que obligará a las instituciones, así como a empresas y entidades que también reciban fondos públicos a ser muy transparentes. Una Ley que incluye a partidos políticos, sindicatos o organizaciones empresariales y que obliga a las administraciones a hacer públicas las agendas institucionales de los gobiernos.
Una Ley que permitirá que todos los fondos públicos sean públicos
Cuando la ley se ponga en marcha para finales de año se habrá dado un gran salto. Los andaluces y andaluzas podrán acceder a partir de ahora a la información que les permita no sólo saber qué hacen las administraciones públicas con su dinero, sino también qué hacen empresas y entidades privadas con los fondos públicos que reciben. Los colegios concertados, por ejemplo, tendrán que cumplir obligaciones de transparencia semejantes a las de los colegios públicos. O los centros sanitarios concertados.
Conocimiento ciudadano del dinero público
Se basa en el hecho de que la Administración tiene que ser transparente. Y el que recibe fondos de la Administración, también tiene que ser transparente con la sociedad porque es dinero público. A partir del desarrollo de la norma los ciudadanos podrán saber dónde va y qué se hace con el dinero que es de todos. Esta Ley obliga, por una parte, a administraciones, empresas y entidades que reciban dinero público a publicar una serie de datos y, por otra, permite a los andaluces y andaluzas a preguntar y acceder a la información pública. Una información que no es propiedad de la Administración, sino que pertenece a la ciudadanía. Una de las características de esta ley es que la Administración estará obligada a responder a la demanda de información en un plazo máximo de 20 días hábiles.
Tramitación de La Ley
La norma, compromiso del presidente Griñán en su discurso de investidura, puede llegar al Parlamento a final de año. La tramitación de esta Ley va a ser muy transparente y participativa. Será un procedimiento que aplique ya los principios de la propia ley. De hecho, se irá publicando toda la información referente a la tramitación en la propia web. Una plataforma digital abierta incluso para la elaboración del anteproyecto, que ha recibido casi 13.000 visitas y en la que se han recogido casi un centenar de propuestas, incorporándose muchas de ellas al texto.
Competencias de la Ley
Hasta llegar a esta Ley, Andalucía ha recorrido un importante camino. No se ha partido de cero. Ha sido vanguardia, por ejemplo, en publicar las declaraciones de Actividades, Bienes e Intereses de carácter público de los altos cargos. Ahora se añade, además, las retribuciones. La Ley obligará a la Administración autonómica a seguir publicando estas declaraciones, además de informar sobre las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. Debe informar, además, sobre sus Presupuestos, cuentas anuales, la financiación de la Comunidad, la deuda pública, el gasto en campañas de publicidad institucional, el Catálogo de los Procedimientos Administrativos, la Carta de Servicios, todos los contratos formalizados, todos los convenios suscritos, las subvenciones y ayudas públicas concedidas, así como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y retribuciones anuales, la Oferta Pública de Empleo, los procesos de selección de todo el personal, los convenios colectivos, la identificación de miembros de órganos de representación o el número de liberados. Asimismo, se exige a la Administración autonómica la publicación de las delegaciones de competencias vigentes, las sedes físicas y los horarios de atención al público, el inventario de entes, así como el de bienes. Los planes y programas anuales y plurianuales son otras de las informaciones a las que obliga la Ley, que incluye también la información de toda la normativa vigente y actualizada, así como las leyes y normativas en tramitación.
Ámbito municipal y ayuntamientos ¿Cómo afectará?
En el caso de la Administración local, esta Ley obliga a las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales. Exige, asimismo, que se publique no sólo la versión final de ordenanzas y reglamentos, también la inicial. Y los ayuntamientos han de retransmitir, siempre que sea posible, en directo, los plenos municipales por Internet o facilitar el acceso a un archivo grabado una vez celebrada la sesión. En todo caso, los asistentes podrán realizar grabación de las sesiones por sus propios medios. Además, están obligados a publicar las actas de los plenos.
Agencia de Transparencia
Se crea la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, una autoridad independiente, presidida por un director o directora que será designado por el Parlamento andaluz por mayoría absoluta. Su mandato será de cinco años y sólo podrá ser reelegido en una ocasión. Tendrá como función principal la resolución de las reclamaciones que se presenten en materia de transparencia.
