Iñaki Urdangarin, junto al expresidente Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. (Archivo. EFE)



“Parece que al final yo me haya saltado a la torera cualquier legalidad”, ha dicho Rita Barberá sobre las acusaciones que pesan sobre ella por los contratos adjudicados a dedo a Iñaki Urdangarin en Valencia, y por los que pudieran ser imputados en el caso Nóos la propia alcaldesa y el expresidente Francisco Camps. La política popular ha hecho estas declaraciones tras presentar el Plan de Vigilancia de Playas 2013, ayer, al referirse al auto dictado el miércoles por el juez José Castro para proponer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que asuma las investigaciones.

"No firmé nada"
La alcaldesa no ha dejado de negar que aprobara las adjudicaciones al duque de Palma durante su etapa como presidente del Instituto Nóos, la fundación sin ánimo de lucro que sirvió a Urdangarin para desviar dinero público a sus empresas. Ella, según ha reiterado, no firmó “nada”, “ningún contrato”, el Ayuntamiento “no ha dado nada ni está involucrado en nada”, ha subrayado.
Rita Barberá, que ha intentado minimizar los autos del instructor del caso, el juez José Castro, ha considerado que el último es “un trámite más en el procedimiento que está llevando adelante”. Según ha dicho, se ha leído “con detenimiento” el escrito del juez y “no hay ninguna novedad respecto del auto que ya dictó el viernes”, con el que acordó solicitar a las Cortes Valencianas que certificaran la condición de diputados de Barberá y Camps. La dirigente popular señaló que el magistrado dice que “aprecia intervención decidida o imputable” y aseguró que no ve “por ningún lado lo de la intervención decisiva”.

"Hay confusión en los autos"
“Con la precipitación y el afán de la información y de resumir, se producen situaciones no de manipulación intencionada, pero de confusión sí”. A su juicio, hay confusión en los autos y en su interpretación: “Parece que, al final, yo me haya saltado a la torera cualquier legalidad”, ha reprochado al juez la alcaldesa que, sin embargo, ha expresado su “máximo respeto” a la decisión judicial y su “absoluta disposición de colaboración con la justicia” como ”no podía ser de otra manera”.

El juez pidió al Tribunal valenciano que se haga cargo de la investigación
El juez Castro remitió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la parte de su investigación que afecta a los contratos de la administración valenciana con el Instituto de Iñaki Urdangarin tras hallar indicios de delito en la actuación tanto de Francisco Camps como de la alcaldesa de Valencia. El auto de Castro llegó cinco después de solicitar a las Cortes Valencianes que certificasen la condición de diputados de Camps y Barberá. El TSJ de Valencia tendrá que decidir si ambos son o no imputados por el caso.

Los máximos responsables de los contratos dados a Urdangarin
Camps y Barberá han sido señalados por  como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de tres foros deportivos que organizó el entramado de Iñaki Urdangarin, que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos públicos. El duque de Palma y su exsocio Diego  Torres consiguieron en Valencia más de tres millones de euros por las tres ediciones del Valencia Summit, celebradas entre 2004 y 2006 y presentadas como una cumbre internacional de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos. Además, y también en Valencia, consiguieron 382.204 euros por la creación de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a celebrarse.

La reunión en Zarzuela
En su última declaración ante el juez, en febrero pasado, Diego Torres declaró que Urdangarin y él se habían reunido con Camps y Barberá en 2004 en el Palacio de la Zarzuela para hablar sobre la celebración del primero de estos foros Valencia Summit.