Las familias de 17 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, del que el próximo domingo se cumple el décimo aniversario, han recibido en los dos últimos notificaciones de su procuradora, Arantxa Novoa Mínguez, en las que les pide cobrar entre 50.000 y 80.000 euros por cliente por los gastos de representación, en total alrededor de un millón de euros. La cifra supera el máximo legal establecido para un proceso de estas características.

Más del 50% de las indemnizaciones
Las víctimas han considerado “desorbitadas” las cifras exigidas por la procuradora, que en algunos casos supera más del 50% del total de la indemnización media que percibiría cada familia, que asciende a unos 144.000 euros, informa Diario Vasco.

Las familias denuncian que es ilógico que un hermano de una víctima del accidente del Yak-42, que debería percibir 3.000 euros, le corresponda pagar a la procuradora 8.100 euros, es decir, la muerte de su hermano le costaría dinero.

Lo estipulado por el despacho de abogados
La hoja de encargo del despacho de abogados que contrató a la procuradora deja claro que la “suma de gastos, suplidos y honorarios que será facturada (...) no sobrepasará el 15%, más el IVA correspondiente, de la compensación global para toda la familia”. El bufete añadió que “si la indemnización no se obtiene o no llegase a ser efectuada por insolvencia del deudor o cualquier otra causa, los gastos por honorarios causados serán condonados”, y en este supuesto se incluía a los peritos y procuradores “cuya intervención sea útil o necesaria para el buen fin del expediente”.

Denunciarán a la procuradora
Los abogados de las familias rechazaron la actitud de la procuradora, mientras que siete de los afectados manifestaron su desamparo y anunciaron que denunciarán a la procuradora por el “escandaloso abuso de quien se intenta aprovechar de la desgracia de unas familias que perdieron a sus seres queridos hace diez años”.

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