Ahora resulta que desde los mismos inicios de nuestro actual sistema democrático, desde aquel ya tan lejano como legendario 15 de junio de 1977 en el que los ciudadanos españoles pudimos ejercer de nuevo el tan ansiado derecho al voto en nuestras primeras elecciones democráticas después de la larga e interminable noche de la dictadura franquista, un cártel de empresas ha estado controlando, en régimen de práctico monopolio ilegal, “la fijación y el reparto de licitaciones de sobres preimpresos para los procesos electorales y para los partidos políticos, incluyendo el reparto de la producción de sobres para el buzoneo que realizan los partidos políticos”; además este mismo cártel empresarial, integrado por una quincena de sociedades, en muchos casos interrelacionadas, decidió “limitar el desarrollo técnico de este mercado”.

Así lo ha puesto al descubierto la Comisión Nacional de la Competencia, aunque para ello haya tardado nada más y nada menos que más de treinta y cinco largos años. Se trata de un caso más de corrupción, pero sobre todo se trata de un ejemplo paradigmático de la lentitud en el funcionamiento de los elementos de control que todo Estado de derecho debe tener permanentemente en estado de alerta. Porque no se trata, al menos en apariencia, de un nuevo caso de corrupción política sino de un caso de enriquecimiento ilícito por parte de un conjunto de empresas privadas que han conseguido saltarse los sistemas de control básicos para pervertir la libre concurrencia en el mercado, con grave perjuicio para el erario público.

Según ha trascendido, este cártel empresarial comenzó a funcionar ya en las primeras elecciones legislativas de 1977 y se mantuvo en pleno funcionamiento como mínimo hasta las elecciones generales de 2008, extendiendo sus prácticas irregulares tanto en los comicios europeos como en las elecciones municipales y autonómicas, así como en algunos de los refrendos celebrados durante estas más de tres décadas. Por si no bastara con esto, este mismo cártel se repartió también algunos grandes clientes, tanto los públicos y oficiales –entre otros, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de la Policía y la práctica totalidad de los ministerios- como los privados –entidades financieras, compañías eléctricas, multinacionales de la comunicación y otros.

Las sanciones impuestas en este caso por la Comisión Nacional de la Competencia se elevan a 44,5 millones de euros, lo cual da un claro indicio del volumen del negocio ilícito realizado por esta cártel empresarial. No obstante, buena parte de esta multa queda anulada o reducida porque algunas de las empresas sancionadas facilitaron la información que ha propiciado la investigación que finalmente ha permitido poner al descubierto esta trama empresarial. Una trama de empresas privadas, aparentemente al menos sin ninguna conexión política, que se ha enriquecido de forma ilícita con nuestro ejercicio al voto. Lo cual constituye todo un paradigma del estado de las cosas en nuestro país, y no ahora sino desde hace ya más de treinta y cinco años.

Jordi García-Soler es periodista y analista político