Reacción de Francisco Camps y Ricardo Costa al conocer la sentencia exculpatoria para ambos por el 'trajegate'. EFE
El desasosiego y la preocupación se han asentado desde hace semanas en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en donde se analiza con inquietud la posibilidad de que el previsto desfile ante el Tribunal Superior y otros juzgados de dirigentes populares encausados en escándalos de corrupción venga a coincidir en el tiempo con los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas del último domingo de mayo de 2015. La gestión de la crisis y la corrupción erosionan de tal modo el suelo electoral del PP que algunos dirigentes ya admiten en privado que se les avecina una debacle electoral.
La corrupción ya se castiga
Mientras la crisis económica parece no tocar fondo, los sondeos internos que manejan los partidos valencianos comienzan a reflejar un elemento, -la corrupción política-, que hasta ahora había despreciado el electorado conservador. Un hecho que empieza a pasarle factura al partido que gobierno la Generalitat desde hace 18 años y que se convierte en una constante sangría de apoyos en los sondeos que realiza.
Con nueve diputados autonómicos imputados, además de varias decenas de dirigentes y ex altos cargos, en la calle Quart de Valencia, sede del PP autonómico, aumenta el nerviosismo ante la eventualidad por primera vez en dos décadas de perder tanto el gobierno de la Generalitat como el de los principales ayuntamientos, entre ellos el de Valencia, comandado desde hace 22 años por Rita Barberà.
Ante un posible vuelco electoral
Tanto los sondeos electorales que realiza el Consell como las proyecciones de voto que encargan los partidos auguran en estos momentos la pérdida de la mayoría absoluta del PP y, por tanto, la posibilidad de que se produzca un vuelco electoral que permitiría a la izquierda gobernar en coalición. Ya el pasado octubre, una encuesta de Metroscopia para “El País” aseguraba que el PP perdía 13 de sus 55 escaños –la mayoría absoluta está en 50 diputados- y más del 15% de los votos. Un mes después, un estudio encargado por los socialistas a partir de los barómetros del CIS auguraba al PP una caída de más de doce puntos en intención de voto, que también lo situaría lejos de la mayoría absoluta.
La Generalitat, por su parte, realiza sondeos electorales cada trimestre, aunque sus resultados se niegan sistemáticamente a la oposición con el pretexto de que se trata de “instrumentos de trabajo” de la Administración. Mientras, el PP ha dejado de filtrar su encuestas, tal como venía haciendo en anteriores legislaturas, para ocultar públicamente algo que en privado ya admiten sin reservas algunos dirigentes, que no es sino el convencimiento de que el electorado ajustará cuentas con los populares.
Desgaste por el desfile judicial
Y es que la crisis económica y su gestión está sometiendo al PP valenciano a un duro desgaste. Los recortes, los impagos, el endeudamiento y los efectos negativos de los grandes eventos son las losas que están hundiendo el suelo electoral de los populares. Hegemónicos en el poder municipal desde que Rita Barberà se hiciera en 1991 con la alcaldía de Valencia y en el autonómico cuando cuatro años después Eduardo Zaplana arrebatara al socialista Joan Lerma el gobierno de la Generalitat.
Pero además de a los efectos de la crisis, los populares valencianos van a tener que hacer frente al “vía crucis” judicial que supondrá para muchos de sus dirigentes el final de los casos de corrupción que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia valenciano y que, cual gota malaya, amenaza con ser una tortura de consecuencias electorales impredecibles. Que la apertura de juicio oral de procesos como Brugal, Cooperación, Emarsa o las ramas valencianas de Gürtel, Over Marketing o Nóos puedan producirse en los meses previos a los comicios autonómicos y municipales de 2015, o incluso solaparse con la propia campaña electoral, es un escenario que está ya preocupando seriamente a la dirección del PP valenciano.
Urdangarín, ¿la losa de Barberà?
De todos los casos de corrupción, el que mayor desazón crea en el cuartel general del PP valenciano es el de Nóos, en el que está en juego la posible imputación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà y del ex presidente Camps. La recepción de bolsos de lujo de la trama Gürtel o de los saqueadores de Emarsa son solo una broma comparada con los efectos que podría tener ante el electorado de la capital valenciana que la alcaldesa, uno de los mayores activos del PP, tuviera que calentar banquillo ente los jueces del TSJ.
El futuro político de Barberà está en manos del juez José Castro, quien desde Palma instruye el caso del enriquecimiento ilícito de Iñaki Urdangarín. Tanto Barberà como Camps –éste ya sin futuro porque lo arruinó con sus mentiras en la causa de los trajes- son para la oposición los “padrinos políticos” del Instituto Nóos, sin los que el yerno del Rey y su socio no hubieran conseguido más de cuatro millones de euros de fondos públicos. De la decisión de Castro depende que Barberà concluya con dignidad una vida pública que la ha llevado a ganar seis elecciones municipales consecutivas, las cinco últimas por mayoría absoluta.
Castro investiga al número dos del PP
Del juez José Castro también depende el futuro político de Serafín Castellano, secretario general del PP valenciano y conseller de Gobernación del ejecutivo de Alberto Fabra. Castro investiga a Over Marketing, la empresa considerada la “Gürtel balear”, por supuesta financiación ilegal de las campañas electorales de Jaume Matas. Over Marketing logró diez contratos de la Generalitat Valenciana entre 2001 y 2006, de los que cinco se los adjudicó la conselleria de Sanidad cuando la dirigía Castellano.
La empresa del publicista Daniel Mercader, que confesó ante el juez haber amañado contratos con la Generalitat, se habría embolsado cerca de cuatro millones de euros de fondos públicos valencianos. Las supuestas irregularidades de los contratos adjudicados a Over Marketing han sido trasladados por Esquerra Unida al juez, quien ha incorporado la denuncia a una pieza separada del sumario del caso Palma Arena.
El lastre de los diputados imputados
La bancada de los nueve diputados imputados deteriora cada día las expectativas electorales de los populares y la estabilidad del partido. Ante el veredicto de los jueces también tienen que enfrentarse la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, sospechosos de haber amañado el planeamiento urbanístico de su ciudad a favor del contructor Enrique Ortiz. O el siete veces conseller y ex portavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco, imputado por seis delitos en el caso Cooperación por participar presuntamente en el desvío de seis millones de euros destinados para ayudas al Tercer Mundo.
También tendrán que comparecer ante la justicia, entre otros, la que fuera presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, el ex vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, o el ex número dos del PP, Ricardo Costa, implicados en la financiación ilegal del partido. A ellos se sumarán también los ex presidentes de las diputaciones de Castelló y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, respectivamente. Todo un desfile contante de dirigentes del PP ante la justicia que aprovisionará de armas electorales a la oposición para erosionar más si cabe la maltrecha credibilidad de los populares valencianos.
