Francisco Camps inauguró en diciembre de 2008 el nuevo hospital de Dénia. (Foto: Generalitat Valenciana)
La que en principio aparenta ser una sentencia sobre una mera cuestión sindical –la anulación de la amortización de 161 plazas de personal interino en el hospital público pero de gestión privada de Dénia- podría ser un golpe sustancial en el proceso de privatización de la sanidad valenciana y, caso de ser confirmada por el Tribunal Supremo, afectar también en un futuro a los procesos en marcha en otras comunidades autónomas, como la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid.
Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dejado sin efecto la amortización de 161 plazas de personal interino realizada en 2008 por la Conselleria de Sanidad cuando la empresa Marina Salud asumió la gestión del departamento de Salud de Dénia bajo la fórmula del llamado modelo Alzira. La Generalitat despidió a los interinos y la empresa privada los volvió a contratar en peores condiciones económicas, perdiendo hasta un 20% de salario, ya que pasaron de tener la condición de personal estatutario de la Administración a personal laboral de una empresa privada.
Las repercisiones de la sentencia
La conselleria de Sanidad, contra la que iba dirigida el recurso presentada por el sindicato nacionalista Intersindical Salud, ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, al considerar que la provisión de plazas es potestativo de la Administración autonómica. Si el alto tribunal mantiene el fallo del TSJ valenciano, los 161 trabajadores afectados volverían a ser personal estatutario y, por tanto, sería de nuevo la Administración quien debería hacerse cargo de sus salarios.
Intersindical Salud confía en que el Supremo fallará a su favor, al entender que argumentaron su recurso en base a sentencias ya realizadas por el alto tribunal. Las repercusiones que un pronunciamiento favorable puedan tener son relevantes. Para el sindicato nacionalista, la cuenta del resultado de los centros privatizados dependen en gran medida del personal sanitario laboral, más fáciles de presionar a la hora de controlar el gasto sanitario –tratamientos, días de hospitalización, etc- del que depende el beneficio que pueda obtener la empresa gestora.
La negociación sindical sería obligatoria
Si la sentencia llega a ser firme, la Generalitat Valenciana no tendrá tantas facilidades a la hora de privatizar el sector sanitario, al tener que abrir un proceso negociador con la junta de personal, a diferencia de ahora en que únicamente se limita a informar de sus decisiones. Por tanto, los sindicatos participarán en las determinaciones sobre las condiciones laborales de los interinos, hasta el punto de forzar a que consoliden sus plazas o sus derechos adquiridos. “Supondrá –se señala desde el sindicato- un antes y un después en el proceso de privatización de la sanidad pública y un verdadero correctivo para la conselleria de Sanidad, que se verá obligada a negociar con los sindicatos todos y cada uno de los expedientes de modificación de plantilla que se produzcan como consecuencia de procesos de privatización o externalización".
El Consell “no descarta” ningún modelo
Es este un fallo que, de ratificarlo el Tribunal Supremo, tendrá que tener muy en cuenta el nuevo conseller de Sanidad, Manuel LLombart, quien recientemente afirmaba en las Corts Valencianes que el Consell no “descarta ningún modelo” para la sanidad pública valenciana, “ni decimos que se vaya a utilizar ningún modelo de manera contundente”. Llombart, que comparecía en el Parlamento valenciano para exponer la política que iba a seguir, apuntó que “hoy por hoy” está estudiando “todas las fórmulas sanitarias posibles”.
El 25% de población, bajo gestión privada
El área de salud de la Marina, con el nuevo hospital de Dénia como referente, es uno de los cinco departamentos sanitarios del País Valenciano gestionados por empresas privadas. Marina Salud, formada por la aseguradora DKV y Ribera Salud, gestiona esta área con una población de unos 200.000 personas a través del llamado modelo Alzira, auspiciado por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana y convertido posteriormente en el estandarte de la política privatizadora del PP.
Si el modelo Alzira se ceñía inicialmente al hospital, de gestión público-privada, posteriormente se modificó extendiéndose la gestión privada a los centros de salud de toda el área sanitaria. Al hospital de Alzira le seguirían los de Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent, hasta el punto de que el 25% de los valencianos depende en la actualidad de servicios públicos de salud que gestionan empresas privadas.
