El Gobierno ha decidido en su último Consejo de Ministros de 2012 seguir mareando la perdiz con la reforma de las pensiones, con el único objetivo de justificar después una bajada de las prestaciones para los nuevos jubilados que se conviertan en pensionistas antes de los 65 años, ya desde 2013.

Nueva ley en tres meses
Mariano Rajoy quiere presentar en Bruselas en el primer trimestre de 2013 una nueva ley de pensiones, que comience a ahorrar desde ya, aunque hace solo año y medio puso a caer de un burro al PSOE cuando en agosto de 2011 logró aprobar en el Congreso la extensión progresiva de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, con el horizonte puesto en 2027.  Rajoy dijo entonces que esa era una medida de desprotección de los que peor lo pasan en época de crisis y acusó a Zapatero de romper el Pacto de Toledo, que nació para garantizar el consenso en las reformas del sistema de pensiones.

Donde dije digo…
El Gobierno lo tiene claro y ahora va por el camino contrario. De momento ha suspendido por tres meses la aplicación de la ley de reforma de las pensiones en lo que se refiere a jubilaciones anticipadas, pero ya ha comunicado al PSOE y a los interlocutores sociales, con especial énfasis a los sindicatos, que si no hay acuerdo antes de finales de marzo, el Consejo de Ministros aprobará un decreto-ley que reducirá el coste de las nuevas pensiones ya desde 2013. De hecho, el Ministerio de Fátima Báñez tiene ya elaborado un proyecto de norma que, en función de cómo esté el ambiente social en el momento de su aprobación definitiva, será más o menos duro, aunque tiene unas líneas maestras que estarán incluidas en el articulado en cualquier caso.

Retraso a la jubilación de los parados
La idea del Ministerio de Báñez es eliminar la posibilidad de acceder a la condición de jubilado a partir de los 61 años, incluso si se está en el paro por despido. La propuesta inicial del Gobierno para comenzar la negociación no puede ser más clara: “adecuación de la edad que posibilita el acceso anticipado a la edad de jubilación a las variaciones en la edad de acceso ordinaria a dicha pensión”, dice textualmente, lo que significa que desde la entrada en vigor de la nueva ley, el acceso a la jubilación a los 61 años se irá retrasando hasta dejar la edad mínima en 63 años. El argumento es que si ahora es a los 61 años con la edad legal de jubilación ordinaria a los 65, cuando esta última sea de 67 (en 2027 si no hay más cambios) el acceso a la jubilación deberá situarse en 63 años.

Mayores descuentos
Por otra parte, el Gobierno quiere extender los coeficientes correctores de manera que quienes se jubilen antes de su edad legal, ya sea por despido o por propia voluntad, vean reducida su pensión de por vida en un porcentaje mayor que el actual. Aquí el argumento es que las pensiones de mayor cuantía que entran en el sistema en los últimos años son precisamente las de quienes acceden antes de tiempo a la jubilación, porque al tener salarios más altos pueden permitirse el lujo de jubilarse antes y tener una percepción mayor que la media, porque los índices correctores no son los adecuados.

Hacia el 40% de pérdida de pensión
Según los cálculos que maneja el Gobierno, los descuentos que se practican en la cuantía de las pensiones para quienes se jubilan antes de la edad legal van en estos momentos del 1,875% al 30% y la ley que ahora ha sido suspendida prevé que dichos descuentos sean de entre el 7,5% y el 41,25% en 2027. La pretensión del Ministerio de Empleo es adelantar lo más posible estos porcentajes para desincentivar las jubilaciones anticipadas. Para ello pretende cambiar las bonificaciones por la acumulación de años cotizados y calcular la edad mínima de jubilación por despido o voluntaria (ahora en 61 y 63 años) en función de la edad legal de cada momento, de manera que ya desde 2013 quienes se jubilen antes de los 65 años, aunque estén en el paro, vean reducida de por vida la cuantía de su pensión.

Estadísticas
En la actualidad, cada mes entran en el sistema de la Seguridad Social 23.000 nuevos pensionistas que cobran de media 1.234 euros brutos mensuales, lo que supone elevar en 28 millones de euros al mes el coste del sistema público de pensiones. La idea del Gobierno es introducir mecanismos correctores para lograr un ahorro de entre diez y 18 millones de euros mensuales en las nuevas incorporaciones, lo que reduciría la factura de la Seguridad Social en más de 3.000 millones de euros anuales en el horizonte de quince años, independientemente de que aumente o no el número de cotizantes, que es lo que quiere ofrecer Rajoy a la Unión Europea.