Los ‘populares’ se han dado prisa en defender el gallardonazo asegurando que lo que se recaude con estas tasas garantizará “la asistencia judicial gratuita a los ciudadanos que menos tienen" y solo se aplicarán a los ciudadanos que dispongan de "más recursos”.
Sin embargo, con igual celeridad, la asociación de consumidores FACUA ha desmontado estos ‘sociales’ argumentos dando a conocer que con esta ley tendrá que pagar 200 euros quien quiera reclamar una multa de tráfico 150 euros; o desembolsarse 312,50 euros al querellarse por la cancelación de un vuelo de una cuantía de 2.500 euros o bien abonar 715 euros si se pleitea por 3.000 euros de intereses cobrados abusivamente en un crédito o hipoteca.
El PP se empecina en el carácter ‘social’ del tasazo
Sin embargo, el PP, erre que erre, insiste en la ‘bondad’ de las nuevas tasas y asegura que se reembolsarán cuando “los tribunales den la razón a quien inició el procedimiento", pero no explican que solo quienes tengan dinero suficiente para pleitear serán quienes se beneficien del hipotético reembolso.
También dicen los ‘populares’ que quienes "realmente no tienen recursos" quedarán exentos de pagar las tasas para que "no se vulnere" su derecho de acceso a la Justicia.
Sin embargo, de nuevo FACUA les desmonta sus falacias ‘sociales’ al aclarar que solo se beneficiarán de esta exención quienes ganen menos de 15.975 euros anuales. Es decir, que según los ingresos medios de las unidades familiares donde aun se trabaja, estas tasas se han diseñado para exprimir aun más las extenuadas ubres de las clase medias hasta hacerlas desaparecer.
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