El objetivo del Gobierno de Rajoy a la hora de promover la aminstía fiscal que concluye este viernes era recaudar 2.500 millones de euros. A pesar de que la medida suponía en la práctica una bonificación para los defraudadores -con tipos mucho más bajos que para quienes cumplen con escrupulosamente con sus obligaciones fiscales- en los primeros cuatro meses apenas ingresó 50 millones.
Esfuerzo final de Montoro
Desde el Gobierno, con varios ministerios implicados, se ha intentado disipar los temores de los potenciales beneficiarios de la regularización. Desde Justicia incluso promovieron un zurcido exprés del Código Penal para garantizar la inmunidad de los delitos. Este lunes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aprovechado un acto público para mostrarse convencido de que la regularización será un "éxito" en "términos de afloramiento". Para hacer más atractivo el llamamiento, el ministro alertó de que la nueva ley antifraude es "enormemente exigente" contra los defraudadores -por lo que se podría aplicar sobre quienes no se acojan ahora a la regularización-.
Lejos de los objetivos y efectos contraproducentes
Aunque se cumplieran los objetivos recaudatorios -lo que parece muy improbable- hablar de éxito en una amnistía fiscal no parece demasiado apropiado, y es que como se ha advertido desde diferentes ámbitos, se ha mandado un pésimo mensaje a quienes cumplen con la ley. En este sentido, los técnicos de Hacienda han denunciado reiteradamente la falta de medios para luchar contra el fraude -con medios muy por debaje de la media europea- y el impacto cultural contraproducente de la amnistía en un país en el que la ocultación al fisco puede alcanzar hasta el 25% del PIB.
