Para todos aquellos que insisten en el mensaje de la desafección hacia la política, porque “todos los políticos son iguales”, cabe recordar que fue un Gobierno socialista de Felipe González y Alfonso Guerra el que eliminó las tasas judiciales, con el propósito de asegurar la protección judicial de los derechos de todos los españoles, independientemente de su poder económico. Ahora el PP vuelve a poner las cosas en su sitio. La Justicia, para los ricos.

Si un ciudadano quiere recurrir un despido en segunda instancia, o si quiere defenderse de una amenaza de desahucio, o si reclama una indemnización por un atropello, o si pretende un divorcio para huir del maltrato, o si quiere recurrir una multa injusta, ya no bastará con esgrimir su derecho recogido en las leyes. El derecho solo será efectivo si se paga una cantidad importante de dinero. El derecho se consolida, pues, con el dinero. El que tiene dinero, tiene derechos.

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