El fiscal general ve "difícil" establecer que hubo "un negocio de estafa" en la comercialización de las preferentes por parte de los bancos al sustentarse la relación entre cliente y entidad en un contrato civil.

Casos excepcionales
En declaraciones en Bergondo (A Coruña) tras la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Fiscal, Torres Dulce advirtió de que aunque no vea estafa generalizada pueden existir "excepciones" en situaciones "concretas", aludiendo a firmas con una cruz o una huella dactilar, en los que los clientes eran personas discapacitadas o en los que se constate que hubo falta de información. En declaraciones recogidas por Europa Press, instó a que esos casos excepcionales si deben investigarse "desde el punto de vista penal", pero el resto debe seguir la vía civil. Además, apunta al arbitraje y apunta que defenderá "cualquier elemento para que los inversores privados puedan recuperar el dinero".

No se recurrirá el archivo de la causa contra promotores
El jarro de agua fría al Ejecutivo, y especialmente al ministro de Interior, se ha producido cuando el fiscal general ha mostrado su apoyo al archivo de la causa por la protestas del 25S en lo que se refiere a sus promotores, aunque ha advertido de que la Audiencia Nacional podría investigar la actuación de algunos manifestantes. Tras apuntar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está "estudiando los términos" del archivo, ha explicado que "en principio" y en cuanto a las acusaciones sobre los promotores de la manifestación "estamos de acuerdo con la decisión del juez central de instrucción".

Posibles delitos "contra las administraciones del Estado"
En cualquier caso, Torres-Dulce ha precisado que "otra cosa es el contenido del desarrollo de la manifestación, en cuyo caso la Fiscalía de Madrid ha decidido que pudieran existir indicios que permitan investigar un delito correspondiente a la competencia de la Audiencia Nacional", ha dicho aludiendo a posibles delitos "contra las administraciones del Estado".