El acuerdo fue firmado por Urdangarin y Torres con el Gobierno de Camps y, aunque según la investigación en ningún momento se ha podido demostrar que los trabajos se hicieran, las facturas empezaron a llegar. Villalonga, que era la responsable de fiscalizar los gastos de Nóos, las vetó: “Las facturas no tenían soporte documental, no tenían nada que a mí me indicara que eso se había hecho, ni un acta de reuniones de preparación, ni unas nóminas de estos consultores o un alta como autónomo, si es que eran autónomos. No tenía nada”, confesó al juez según publica este martes el diario El País.

La declaración de esta alto cargo ante el juez, explica el periódico, revela un supuesto intento de fraude masivo de la trama Nóos para cobrar dos millones de euros de las arcas públicas de la Comunidad Valenciana. El magistrado le ha levantado la imputación inicial al entender que gracias a su celo profesinal se impidió este desfalco a las arcas públicas.

Villalonga declaró ante el juez que Nóos sí tenía ánimo de lucro y que para ello utilzó media docena de empresas privadas a las que se desviaba el dinero de las adjudicaciones públicas. Entiende también esta exalto cargo de Camps que hubo un claro intento de engaño ya que hay facturas que se cobraron dos veces por el mismo concepto en dos administraciones.