Facua ha hecho pública este sábado el Instituto Nacional de Consumo, en la que se afirma que las campañas emprendidas por la asociación contra los recortes del Gobierno “no guardan relación directa con los fines que han de perseguir las asociaciones de consumidores y usuarios en los términos definidos por el legislador” y en la que le insta a dejar de promover recursos de inconstitucionalidad contra “las normas estatales dirigidas a la racionalización del gasto público”.

No es una amenaza, sino "un recordatorio"
El ministerio de Sanidad que dirige la ministra Ana Mato ha salido al paso este domingo de la acusación de Facua y ha asegurado que "no es una amenaza, ni una intención de ilegalizar" a Facua, sino que pretende recordarle, "igual que si ocurriese con cualquier otro organismo de este tipo", que las asociaciones de consumidores deben cumplir la legalidad.

15 días
Sin embargo, lo cierto es que en su carta, Sanidad reclama al organismo que retire de su web dichas campañas en un plazo de 15 días hábiles y le advierte de que en caso de incumplimiento se procederá “a decretar la pérdida de la condición de asociación de consumidores y usuarios y su exclusión del Registro Estatal”.

El Gobierno, tras Facua
El ministerio señala también que solicitó a la Abogacía del Estado un informe jurídico "sobre el posible exceso de la actividad que competen a este tipo de asociaciones inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios y ante una eventual extralimitaciómn de los fines legítimos de han de perseguir".

Irán a los tribunales
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha advertido en declaraciones a la SER que irán a los tribunales si el Gobierno decide echarles del registro de asociaciones de consumidores, y ha asegurado que hace un mes funcionarios del ministerio de Sanidad les plantearon que si la asociación seguía denunciado y haciendo llamamientos a favor de las movilizaciones iban a expulsarles del registro.

En defensa de la sanidad y la educación públicas
El portavoz de Facua ha puntualizado que  no van a cambiar "ni un ápice" su actuación en defensa de los usuarios de la sanidad y la educación pública, o en relación con el acceso a la justicia y las denuncias por la subida del IVA. Asimismo, ha hecho hincapié en que la asociación "lleva más de treinta años denunciando fraudes y abusos gubernamentales".

Sánchez ha explicado que "todos los gobiernos tienen malestar cuando se critican determinadas medidas que van a afectar a los consumidores", sin embargo, se ha mostrado "convencido" de que no hay ningún argumento legal en su contra.