Jorge Fernández Díaz, en declaraciones a los periodistas en la Conferencia de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo, en Madrid, ha explicado que la Abogacía del Estado solicitará al presentar el recurso la suspensión de la ejecución de la sentencia alegando que sería "irreparable" el "perjuicio que ocasionaría su puesta en libertad". "No se va a ordenar su puesta en libertad porque, sin ningún género de duda, se fugaría", aseguró contundente.
Ha añadido que los 30.000 euros que tendría que pagarle el Estado a la etarra, de confirmarse la sentencia, se le descontaría "de la inmensa responsabilidad civil" a la que debe hacer frente. "Debe muchísimo más a las víctimas y lo que haríamos es descontárselo de lo mucho que tiene que pagar a los más de 23 asesinados", ha dicho.
Por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón, ha ratificado la "discrepancia" del Gobierno con este fallo y ha asegurado que el recurso se interpondrá "en el plazo más breve posible" y "sin agotar el plazo de tres meses" de los que dispone. Entiende que con el recurso de debe suspender también la recomendación de la puesta en libertad de Del Río.
Fuentes jurídicas consultadas por EFE indican que la resolución de Estrasburgo no vincula al Estado español y, por lo tanto, en la práctica no supondrá la puesta en libertad de la terrorista. Según estas fuentes, lo que sí conllevará la resolución del TEDH es la interpretación que harán el Supremo y el Constitucional, que son los tribunales que aplican la 'doctrina Parot', que obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.
La 'doctrina Parot' ha sido aplicada a 77 presos etarras, aunque también a condenados por delitos comunes, muchos de los cuales también han recurrido ante el Constitucional. En marzo pasado, el TC consideró que esta doctrina no impide el fin de reinserción al que se orienta la política penitenciaria, aunque reconoció que dificulta "objetivamente" la posibilidad de reducir automáticamente el límite máximo de cumplimiento, fijado en 30 años de cárcel.
Ha añadido que los 30.000 euros que tendría que pagarle el Estado a la etarra, de confirmarse la sentencia, se le descontaría "de la inmensa responsabilidad civil" a la que debe hacer frente. "Debe muchísimo más a las víctimas y lo que haríamos es descontárselo de lo mucho que tiene que pagar a los más de 23 asesinados", ha dicho.
Por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón, ha ratificado la "discrepancia" del Gobierno con este fallo y ha asegurado que el recurso se interpondrá "en el plazo más breve posible" y "sin agotar el plazo de tres meses" de los que dispone. Entiende que con el recurso de debe suspender también la recomendación de la puesta en libertad de Del Río.
Fuentes jurídicas consultadas por EFE indican que la resolución de Estrasburgo no vincula al Estado español y, por lo tanto, en la práctica no supondrá la puesta en libertad de la terrorista. Según estas fuentes, lo que sí conllevará la resolución del TEDH es la interpretación que harán el Supremo y el Constitucional, que son los tribunales que aplican la 'doctrina Parot', que obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.
La 'doctrina Parot' ha sido aplicada a 77 presos etarras, aunque también a condenados por delitos comunes, muchos de los cuales también han recurrido ante el Constitucional. En marzo pasado, el TC consideró que esta doctrina no impide el fin de reinserción al que se orienta la política penitenciaria, aunque reconoció que dificulta "objetivamente" la posibilidad de reducir automáticamente el límite máximo de cumplimiento, fijado en 30 años de cárcel.
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