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El diario El País publica hoy el nombre de la supuesta autora del estudio que, con el título ‘ERE nacional.doc’, acompañaba como documento adjunto el mensaje enviado desde el correo de la propia ministra “al menos a un periodista”. Esa persona es, dice el diario de PRISA, Nuria Paulina García Piñeiro, asesora del gabinete de la ministra.

Los socialistas han visto el correo enviado desde la dirección de la ministra
García Piñeiro, que tituló su trabajo ‘Nota sobre las medidas de regulación de empleo (despidos colectivos, suspensión de contratos y reducciones de jornada) presentadas por el PSOE el viernes 22 de junio’, debió tener acceso, evidentemente, a los datos que el propio PSOE presentó, como cualquier otra empresa que desea realizar un ERE, y que incluyen desde el número de afectados hasta las razones económicas y organizativas que llevan a justificar ese recorte de la plantilla. Este acceso a los datos por parte de personas que no tienen justificada por razones de la resolución del expediente, es directamente ilegal. Igual que lo es, evidentemente, facilitar el acceso a esos datos a terceros.

En Ferraz, según han confirmado a ELPLURAL.COM, han tenido acceso en las últimas horas al mismo documento al que hace referencia El País. A la vista del mensaje enviado desde la dirección de correo de la ministra, en las filas socialistas caben pocas dudas ya del camino que quieren seguir en este ‘Fatimagate’ y que, como les contábamos en este periódico, incluyen ir “a la guerra” por aclararlo hasta sus últimos detalles.

Coincidencias literales entre correo y lo publicado
En este sentido, la coletilla “si se confirma la información”, a la que hacían referencia los dirigentes socialistas continuamente tanto en conversaciones privadas como públicas, se ha diluido en las últimas horas. Y es que a la vista del correo de la ministra, según nos dicen en Ferraz, se comprueba que hay coincidencia literal no sólo de datos, sino también de algunos fragmentos del texto del informe con lo publicado por el diario La Razón el pasado día 26 de junio, justo al día siguiente del envío desde la ministra del correo con el informe de García Piñeiro adjunto.

En Ferraz han aclarado a ELPLURAL.COM que “no criticamos en absoluto el ejercicio de su derecho a informar que realizan los periodistas a partir de la información que han recibido”, sino que centran toda la responsabilidad en quienes hubieran vulnerado la exigencia de custodia de confidencialidad. “Algunas de las acciones que se han tomado en este escándalo –dice una fuente de la dirección socialista a ELPLURAL.COM- son directamente de cárcel. Son delitos muy graves, que no tienen sólo un lado político, que también, sino que conllevan consecuencias judiciales”.

Comparecencia urgente de la ministra en el Congreso
En este sentido, como explicó Óscar López, secretario de organización del PSOE, hace unas horas en rueda de prensa, no sólo se denuncia “una utilización partidista de los medios del Gobierno para perjudicar al principal partido de la oposición”, sino que ante la violación de los derechos de “unos trabajadores, cuyos datos personales deben tener carácter confidencial” van a plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos, y a acudir a la vía judicial.

Pero los dirigentes socialistas también van a ‘ir a la guerra’ en el campo político. La pregunta que se hacen en Ferraz es “¿Con qué finalidad y para que los vieran quién o quienes se pidió que se hiciera este informe”.  Y en este sentido van a registrar en el Congreso una petición de comparecencia urgente de la ministra, para que explique lo sucedido. “Su dimisión, si todo se ha producido como parece cada vez más claro –dicen a este periódico en la dirección socialista- debe producirse de manera inmediata”. En su comparecencia ante la prensa, Óscar López calificó la situación de “muy grave y sin precedentes”, de un “uso partidista” de los datos que la Administración obtiene y de “un pre cedente muy peligroso de inseguridad jurídica”.