En declaraciones a ELPLURAL.COM, Julio Villarrubia ha alertado del peligro de que la elección de los vocales del órgano político y de gobierno de los jueces, no resida en la votación de los representantes de los ciudadanos. Para el diputado socialista, la idea del Gobierno de que doce de los veinte vocales (los provenientes de la judicatura) sean elegidos por los propios magistrados, supone de llevarse a efecto, privar al Consejo General del Poder Judicial de la legitimidad democrática que supone su elección por los representantes de la soberanía popular en el Congreso y el Senado.

Elegidos entre ellos
Actualmente los vocales del CGPJ se deciden por votación en el Congreso y el Senado de la siguiente manera: seis vocales elegidos por los diputados y otros seis por los senadores entre jueces y magistrados. Cuatro vocales elegidos en el Congreso y otros cuatro en el Senado entre juristas de reconocida competencia. El planteamiento del PP es que los doce vocales que deben ser elegidos entre jueces y magistrados, sean votados por los propios jueces. Actualmente las asociaciones mayoritarias de magistrados y jueces pertenecen al sector conservador.

Pacto mayoritario
La Ley en que se basa la actual elección de los miembros del Consejo es la de 28 de junio del 2001 y fue consensuada por PSOE, PP, CiU, PNV y Coalición Canaria. Según explica el PSOE en la proposición no de ley, el CGPJ “es un órgano político y ejecutivo del poder judicial y cumple unas funciones constitucionales muy concretas en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario según el artículo 122 de la Constitución, garantizando la independencia frente a otros poderes del Estado o de la sociedad”.

Sin legitimidad democrática
“Su función -continúa la proposición- es hacer política judicial desde el pluralismo que la Constitución establece como valor superior. Pues la política judicial es, como todo, un espacio de opciones políticas representadas por quienes tienen plena legitimidad para conformar las decisiones por mayorías y minorías”. Por ello –concluyen- la propuesta que avanza el Gobierno supone privar al órgano de jueces y magistrados, al CGPJ, de legitimidad democrática. En estos términos, la proposición plantea “mantener el consenso alcanzado en 2001 sin perjuicio de explorar fórmulas que mejoren la pluralidad parlamentaria”. Y también, debatir en el Parlamento y buscar el máximo acuerdo en las propuestas en que se esté trabajando sobre el órgano de gobierno de los jueces.

Dívar, cortina de humo
En muchos foros y en la propia sede del CGPJ se ha comentado que  los múltiples avatares del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar han servido también para “camuflar o tender una cortina de humo sobre el objetivo de variar el sistema de elección de vocales prescindiendo de Congreso y Senado”

La “contundente declaración” de Dívar
Mientras tanto, en el CGPJ se permanece a la espera del pleno del próximo jueves en el que el presidente Carlos Dívar ha anunciado una “contundente declaración” en relación a sus viajes de lujo si bien ya hay quien como el vocal Fernando de Rosa se autoproclama como sustituto en la presidencia de Dívar. Animación no va a faltar en el Consejo si esta situación se hace efectiva, ya que Fernando de Rosa procede del Gobierno valenciano de Francisco Camps donde ejerció como conseller de Justicia y estuvo en primera fila cuando saltó el asunto de los trajes.