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El 1 de septiembre entrará en vigor el real decreto aprobado con Ana Mato al frente del ministerio de Sanidad, el 24 de abril pasado, que representa retroceder hasta el año 1985, cuando los ciudadanos españoles perdían el derecho a la asistencia sanitaria al cumplir 26 años. El decreto del Gobierno del PP condiciona el acceso a la tarjeta sanitaria al hecho de estar “asegurado”, de pagar impuestos vinculados al trabajo.

Los sin papeles, aunque no tengan recursos
También perderán su acceso a la sanidad pública los inmigrantes sin residencia, incluso aunque certifiquen que no cuentan con ingresos, solo se salvan de esta medida sus hijos menores de 18 años y las mujeres embarazadas.

Era beneficiario de su padre
El arquitecto catalán Francesc Romero era “beneficiario” del sistema de salud a través de su padre, que falleció en 2007. “Fui a las oficinas del INSS en Mataró y un funcionario me confirmó que hasta septiembre tengo derecho a la sanidad pero que a partir de entonces me quedo sin tarjeta”, explica el joven, que desde que concluyó sus estudios ha prestado servicios en la Universidad Politécnica de Cataluña, pero a través de convenios de cooperación educativa sin ningún derecho laboral. Romero ya está pensando en marcharse a vivir a Canadá y cuenta que muchos de sus compañeros , en la misma situación, también valoran irse fuera de España.

La Generalitat considera inconstitucional la medida
La Generalitat anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de Sanidad, pero mientras aplicará la ley. Considera que varios artículos del decreto de Sanidad son inconstitucionales porque rompen el derecho a la protección universal de la salud, incluido en la Constitución, y porque invaden competencias autonómicas.