En concreto, el escrito de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (MEDEL) que reúne a 15.000 jueces y fiscales de once países europeos, se dirige  al ministro de Justicia y en él  solicitan la concesión del indulto de la pena que le fue impuesta a Baltasar Garzón en la sentencia número 79/2012 de 9 de Febrero de 2012 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por el denominado caso de las  escuchas Gürtel. Antonio Cluny, presidente de MEDEL que engloba a magistrados y fiscales de toda Europa, y el ex fiscal José María Mena son los encargados de presentar este viernes la petición de gracia.

Garzón, universal
Antonio Cluny explicó a ELPLURAL.COM que MEDEL aprobó por unanimidad de todas las asociaciones  (de las españolas la Unión progresista de Fiscales voto a favor y la de Jueces para la Democracia se abstuvo) que representa pedir este indulto al considerar que Baltasar Garzón  "no pertenece solo a España, sino es un paradigma, su trabajo ha influido en la manera de trabajar en países europeos, de América Latina y países anglosajones. No se trata de un asunto solo español" y añadió: "Se ha creado un precedente que puede ser mal utilizado en otros sitios y de forma negativa" José María Mena uno de los fundadores españoles de MEDEL, por su parte, aclaró que no se actúa en representación de Garzón al pedir el indulto, sino que de acuerdo con lo que marca la ley la asociación considera que independientemente de lo que opine Garzón, entienden que dado que no hay otra opción se plantea esta petición de gracia". Añadió además que en ningún caso los abogados defensores de los acusados Gürtel se vieron afectados según se desprende de la sentencia del propio Tribunal Supremo."Baltasar Garzón, explicaron, se ha mantenido al margen de esta decisión si bien se pidió su consentimiento.

Vuelta a la judicatura
El indulto que se solicita es el de la remisión total de la pena de inhabilitación especial, con todas sus consecuencias, lo que habrá de comportar el reintegro de  Garzón en la Carrera Judicial. El escrito matiza “la solicitud de indulto es independiente de cuantas iniciativas y actuaciones realice el Sr. Garzón Real, en solicitud de amparo o tutela, ante las más altas instancias jurídicas españolas o supranacionales que estime pertinentes,  por los cauces legalmente previstos para ello”. Garzón presentó recientemente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Mayor castigo que a Otegi
También disienten de la interpretación sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “la jurisprudencia del TEDH no significa, en absoluto, un soporte para el castigo penal del juez que hubiera dictado la resolución, y, aún menos, para un castigo de tal desproporción como el que implica la pérdida de su condición de juez. Esta severísima reacción punitiva es mayor que la reprobada ya por el TEDH en la sentencia de Otegi contra España, en la que se le privó del derecho de sufragio pasivo”.

Sin perversión ética
De las sentencias por prevaricación que la Sala II del Supremo menciona como antecedentes para llegar a la condena que inhabilitó a Garzón, se afirma que en todos los casos referidos  “la actividad procesal de los jueces condenados ha soslayado, abandonado o traicionado la función jurisdiccional.Por el contrario en cuanto a Garzón, Medel aclara: “ La condena cuyo indulto se solicita recayó en respuesta a una conducta judicial de la que, en la descripción de los hechos probados, no aparece ningún dato indicativo de perversión ética, ni de móviles extrajurídicos”.

Trayectoria impresionante
En este punto, el escrito de solicitud de indulto, , realiza un recorrido por la trayectoria profesional de Garzón .  Sólo atendiendo a la labor desarrollada en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, señalan que su volumen de actividad supera los mil casos, con más de ocho mil imputados y la coordinación de unos 2.500 funcionarios. Aquí viene un relato de los principales casos de terrorismo, crimen organizado, violación de derechos humanos, incluyendo Chile y Argentina o el protocolo de actuación que Garzón estableció para reforzar las garantías de los detenidos incomunicados por delitos de terrorismo que en la ONU se conoce como “protocolo Garzón”.

Normas imprecisas y desproporcionada pena
El escrito destaca que “ Baltasar Garzón Real ha sido condenado en sentencia de única instancia, irrevocable y definitiva, con base en unas normas complementarias del precepto penal que no es exagerado calificar como de destacable imprecisión, con cuyo soporte se ha impuesto una pena de una severidad desproporcionada y extraordinaria, que no se corresponde con los criterios de individualización del elemento subjetivo del delito apreciados por el mismo Tribunal Supremo en sus resoluciones anteriores y posteriores”

Conciencia fuera de toda duda
“Las circunstancias personales del reo - prosigue el escrito- nos conduce a la consideración de la ausencia total y absoluta de cualquier motivación extraprocesal ni extrajudicial, merecedora de un reproche ético acumulable a la simple contravención legal. La conciencia del Magistrado Juez, desde esta esencial perspectiva, está fuera de toda duda. Por ello es razonable ajustar la equidad, como concede la Ley de 1870, a esta mínima dimensión del reproche derivada del elemento subjetivo del delito.

No hay más cauce que el indulto
La petición concluye así: “En esta solicitud de indulto, tal como se viene señalando, no procede formular objeción alguna a la sentencia, firme y definitiva. Y tampoco se pretende hallar en este trámite una corrección extrajudicial de una decisión jurisdiccional soberana, independiente y democrática. Pero de los argumentos expuestos se desprende que, no obstante, no existe otro cauce legal previsto para atemperar la severidad, desproporcionada y excepcional, que pesa sobre el condenado, que este de la solicitud del indulto”.

MEDEL
MEDEL es una Organización no Gubernamental compuesta por 15.000 miembros pertenecientes a asociaciones de jueces y fiscales de once Estados de la Unión Europea Cuenta con el Estatuto de observador en el Consejo de Europa, y participa activamente en los trabajos del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, de la Conferencia de Fiscales Generales, y del Comité Europeo sobre Problemas Criminales. También trabaja con el Parlamento Europeo, especialmente con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores.

Según su propia definición: “Entre sus fines estatutarios figuran la defensa de la independencia judicial, la promoción de la cultura jurídica democrática europea y la democratización de la Judicatura y del Ministerio Público. Postula una justicia dedicada a hacer efectivos los valores consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos, y, consecuentemente, lucha por una justicia transparente y accesible cuyas decisiones sean comprensibles y aceptadas por los ciudadanos en los Estados de la Unión Europea”.