¿Actividades compatibles?
Explican que ejercen este Derecho de Petición “con el objetivo de alcanzar una justicia mas transparente, exigencia aplicable a los jueces y magistrados cuando actúan en el ejercicio de actividades declaradas compatibles según el Art. 389 de la LOPJ, como la “docencia o investigación jurídica”, pero desempeñan funciones, particularmente en el ámbito de las empresas privadas o Fundaciones vinculadas a las mismas, que podrían constituir una forma encubierta de “asesoramiento jurídico”, completamente prohibido, o de ejercicio de “funciones” de “consejero en “sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”, igualmente prohibidas”.
Preocupación por la imparcialidad
Resaltan los firmantes además que esta vinculación “no excepcional sino continuada en dichas actividades, evidentemente retribuidas, al servicio de dichas entidades privadas de naturaleza mercantil puede crear vínculos personales que perturben la necesaria imparcialidad si han de tomar decisiones en procesos en que dichas entidades, directa o indirectamente, sean parte”. En cuanto a esta coincidencia con determinados letrados, señalan: “resulta preocupante para la garantía de la imparcialidad objetiva de los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que algunos de ellos concurran en las actividades que se describirán, de forma reiterada, con los letrados que, a la vez que ejercen el derecho de defensa respecto de imputados en ciertos procesos penales, han representado a estos como acusación particular en algunos de los procesos que se han seguido en dicha Sala contra el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón Real”.
Jueces con nombres y apellidos
En estos términos señalan a los magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo Juan Saavedra Ruiz, (presidente de la Sala); Miguel Colmenero Menéndez de Luarca; Julián Sánchez Melgar; José Manuel Maza Martín; Manuel Marchena Gómez. Exponen además la relación de determinados magistrados con las entidades privadas, Schola Iuris, DATADIAR, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), diferentes cursos en los que intervinieron coincidiendo con defensores de personas acusadas por el caso Gurtel con algunos de los jueces del caso “escuchas Gurtel” que supuso la condena por prevaricación y la inhabilitación para la judicatura de Baltasar Garzón así como clases en centros universitarios en que se da también dicha concurrencia como ya EL PLURAL. COM ha publicado en distintas ocasiones.
FAES, fundaciones y bufetes
Se menciona asimismo la relación de algunos magistrados con la Fundación FAES que preside el expresidente popular José María Aznar o con la Fundación Wolters Kluwer en la que juegan un papel relevante los populares José María Michavila y Ángel Acebes. El escrito continúa aportando ejemplos de cursos o jornadas financiadas por entidades privadas o también organizados por bufetes de abogados y a los que asistieron magistrados de la Sala II del Supremo.
Diligencias informativas
El escrito concluye pidiendo se comprueben los citados hechos “ que, por su naturaleza, pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad”. Ya que “suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos Magistrados del TS del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva”. También se pide conocer la determinación del número de seminarios, cursos y conferencias impartidas por dichos magistrados así como su retribución. “Y en su caso, que se acuerde la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, según resulta de los datos expuestos, hayan infringido el régimen orgánico de “prohibiciones e incompatibilidades”, deduciéndose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigación de la posible comisión de delitos de cohecho”.
Patrocinio a las asociaciones de jueces
El segundo escrito de petición dirigido al Consejo General del Poder Judicial se refiere al patrocinio en sus actividades de las Asociaciones de Jueces. Los firmantes de este escrito de petición señalan: “En primer lugar, prácticamente todas las Asociaciones de jueces, de cualquier signo ideológico, desde hace 25 años, han celebrado sus Congresos gracias a la generosa aportación de dichas entidades. Aportaciones que representan un indudable beneficio económico para los asociados tanto respecto de gastos de hospedaje como de manutención. Pese a la obtención de un evidente beneficio económico por todos los jueces y magistrados asistentes a dichos Congresos o beneficiarios de las referidas entidades financieras, no consta que nunca se hubiera incoado una causa criminal contra ellos por un delito de cohecho del Art. 426 del C.Penal, ante la evidente irrelevancia penal de lo hechos descritos. Sin embargo, con un evidente trato desigual ante la ley penal, sí se hizo contra el Magistrado D. Baltasar Garzón Real en la Causa especial 20339/2009 incoada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que el Instructor, Magistrado Marchena, por Auto de 26/2/2012 declaró cometido dicho delito por el imputado Sr. Garzón, sin perjuicio de su posterior declaración de prescripción”.
Cuántos congresos y quién los paga
El escrito concluye solicitando se acuerde la apertura de diligencias informativas “reclamando a las Asociaciones los antecedentes pertinentes, para conocer el número de los Congresos u otros Actos organizados por ellas financiados por Bancos y Cajas de Ahorro, con determinación de la cuantía concedida en cada uno de ellos y las c/c donde fueron abonadas, así como los Convenios y sus contenidos, como los citados u otros que desconocemos, celebrados entre las Asociaciones y entidades de crédito y otras empresas”. Entre los firmantes de estos escritos figuran la abogada Cristina Almeida y el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
