En su recurso de amparo, Baltasar Garzón sostiene que la sentencia del Tribunal Supremo es gravísimamente inconstitucional, en términos hasta ahora desconocidos en nuestro Estado democrático, en cuanto le condena por un delito que no existe en las leyes españolas, ya que la cuestión de las escuchas telefónicas está pendiente de una ley que las regule, ley que ha exigido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que todavía no existe.

Delito construido “a la medida”
Por ese motivo, Baltasar Garzón sostiene que el Tribunal Supremo le ha condenado por ir en contra de los criterios particulares de los magistrados que le han condenado, y que, en definitiva, el Tribunal Supremo ha construido “a la medida” el delito de prevaricación por el que se le ha condenado, y que supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier Juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la independencia judicial.

Sentencia arbitraria y manifiestamente injusta
También afirma categóricamente en su demanda  de amparo que la sentencia del Tribunal Supremo es arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta, y que es contraria frontalmente al derecho fundamental a  la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24.1 de la Constitución Española, ya que incurre en contradicciones internas insalvables, y está impregnada de un decisionismo puramente subjetivo.

Vulnerada la exigencia de imparcialidad
Añade que el Tribunal ha partido de un designio incriminador en relación con él, vulnerando la exigencia de imparcialidad exigible a todo órgano jurisdiccional, habiendo prejuzgado la cuestión de la culpabilidad del acusado a la luz de consideraciones ajenas al acto del juicio; incluso razona que de la lectura de la sentencia parece que incluso no se ha celebrado prácticamente juicio alguno o que éste ha sido por completo irrelevante para la Sentencia, que en la práctica, parece como si estuviera puesta de antemano, ya que prescinde de todas las pruebas y de hechos fundamentales que se probaron en el juicio.

Buscar la verdad, conducta criminal
Por último, defiende que la sentencia vulnera la independencia judicial recogida en la Constitución, que es una garantía  fundamental para todos los ciudadanos,  ya que la sentencia supone la criminalización de  un criterio judicial contrario a la del Tribunal superior, al suponer la negación de las legítimas facultades de los jueces sobre las pruebas y de interpretar las leyes aplicables mientras que no haya una legislación clara sobre estos temas, considerando el Tribunal Supremo una conducta criminal lo que no ha sido en el caso de Garzón más que cumplir con su obligación de buscar la verdad en la investigación de delitos de corrupción, sin violar ninguna ley ni nada parecido y empleando medios absolutamente legítimos en España y en otros países.

Si se estima el amparo podría volver a ser juez
El recurso ha sido presentado en la mañana de hoy y el Tribunal Constitucional debe en primer lugar considerar si lo admite o no a trámite, decisión que puede tardar incluso meses en adoptarse. Si el Tribunal Constitucional estima el amparo de Garzón, puede anular la sentencia del Tribunal Supremo, y a Baltasar Garzón se le declararía inocente y volvería a ser juez con todos sus derechos.