Ahora bien, este incremento no se reduce a términos de ajustes presupuestarios: con la implantación de los grados adaptados al EEES, se incrementaron las matriculaciones una media del 30%. Es decir, si una matrícula universitaria media, antes de la implantación del plan de Bolonia, podía costar alrededor de los 700 euros, con la estipulación del nuevo marco legal de educación superior, se aumentó el precio del crédito hasta alcanzar una media de 900-1000 euros el precio de las mismas.
La justificación de este incremento de las tasas, que se ofreció en su momento, obedecían al hecho que el crédito enmarcado en el nuevo EEES tenía un valor añadido de multidimensionalidad: las asignaturas tendían un carácter teórico, práctico y tutorial. A su vez, se nos vendió la moto de que los nuevos planes docentes se hallarían en perfecta homogenización con el de los países miembros de la Unión y, por ende, ello facilitaría el flujo de alumnos de diferentes universidades europeas. Fenomenal. Ahora bien, y si nos regimos por los exclusivos anteojos de lo económico, en tres años entre una cosa y otra, el precio de las matriculaciones va a pasar de 700 euros a 1600, aproximadamente. Es decir, un 90% de subida del precio.
Esta funesta situación sólo es la punta del iceberg de los ataques del gobierno a la educación superior española. Con las nuevas restricciones presupuestarias, postuladas por la sacrosanta ley de la estabilidad Económica, las diferentes universidades deberán acogerse a unos planes de ajuste (recorte) económico sin precedentes que provocará la desatención de un ingente número de servicios. Verbigracia, se habla de la imposibilidad de ocupar ciertos turnos las aulas de informática de diversas universidades públicas catalanas debido a la imposibilidad de contar con responsables en las aulas, que vigilen y solucionen los diversos problemas que se generen en ellas. Ahora bien, el alumnado está obligado, por el excelso plan de Bolonia, a utilizar más que nunca las herramientas audiovisuales, para efectuar los trabajos grupales. Por consiguiente, nos hallamos ante el hecho de que demandas específicas de los planes docentes se van a ver desatendidas por la estructura de la universidad. Este es un ejemplo, pero habrían otros muchos: desatención administrativa del alumnado por ausencia de responsables, imposibilidad de materializar correctamente las tutorizaciones por déficit de profesorado…
A su vez, el número de becas destinadas a sufragar las desigualdades económicas y, por consiguiente, a ayudar a aquellos que más lo necesitan, se han visto reducidas. Dicho de otra manera, al alumnado se le exige que suba su cuota de aportación económica pero, como contrapartida al trato, lo que se le ofrece a cambio son recortes indiscriminados de derechos y servicios.
Si el alumnado paga más, pero a cambio recibe menos, no es de extrañar que se manifieste expresando su ira e indignación. El problema estriba en que, tras la reivindicación, viene el apaciguamiento y, concomitante a ello, el abandono por no poder hacer frente a las demandas económicas. Ese el problema al que se ve abocado el mundo universitario público: si el encarecimiento sigue por estos fueros, nos podemos encontrar ante una situación de abandono masivo, no de la asistencia, sino de las matriculaciones y, entonces, la Universidad pública sí que tendrá un grave problema.
Ahora bien, desde la vertiente de la investigación y la docencia, la cosa no es que esté mejor. Más bien sucede algo análogo a lo que acontece con el alumnado: se exige más esfuerzo al investigador (más publicaciones en determinadas revistas de impacto, mayor intervención en conferencias…), al docente (mayor número de horas de dedicación docente e investigadora…) a cambio de una restricción presupuestaria de financiación de grupos de investigación, de bolsas de viaje, y, en definitiva, de capital para poder hacer frente a esas exigencias impuestas por nuestros responsables académicos. Es decir, se demanda hacer mucho más por menos. Consecuencia de este trato: migración masiva de los investigadores y jóvenes docentes a otras tierras donde, como mínimo, se valore y recompense el esfuerzo materializado.
El tema es que pintan bastos para la educación superior pública española y, sobre todo, para los miles de jóvenes que intentan labrarse un porvenir por las intrincadas tierras universitarias. Y no nos olvidemos, este contexto va a acarrear un déficit social que durará décadas. Ahora bien, como muy bien aseveró Ortega y Gasset, toda situación tiene un anverso y reverso y, en la que nos ocupa, el reverso sería una sociedad más ignorante y, por ende, precaria intelectualmente hablando. Y esto es una gran ventaja para nuestros gobernantes ya que un pueblo ignorante es un pueblo sumiso.
Oriol Alonso Cano es filósofo
