La Revista digital El Observador de Málaga publica un interesante reportaje que bpone en entredicho la doble moral de una alcalde y senador que dice ser de todos los malagueños y su actitud cuando los intereses de éstos entran en colisión con los particulares.


Condiciones infrahumanas
Según este medio, Carmen Sarmiento ya no se puede mover. Vive encerrada en su cuarto. A Manuela Rivero le acaban de diagnosticar cáncer. Son las inquilinas de calle Rosal Blanco nº 6. Ellas, el hijo de siete años de Manuela y un grupo de okupas instalados en este caserón en ruinas desde hace años. El edificio se desmorona. Pertenecía a la difunta madre del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Fue expropiado. Ahora el alcalde y senador del PP, junto a sus hermanos, reclaman 183.733 euros al Ayuntamiento de Málaga. Este caso, del que la revista El Observador  lleva informando desde 2007, se pone como ejemplo de acoso inmobiliario por abandono en el telediario de la 1 de RTVE dirigido por Pepa Bueno.


En el Telediario de Pepa Bueno
El pasado 21 de febrero el telediario más visto de España, el de la 1 de RTVE que dirige y presenta a las nueve de la noche Pepa Bueno, dedicaba uno de sus reportajes al acoso inmobiliario. La inclusión de esta pieza informativa estribaba en una reciente sentencia judicial, que había castigado “no solo el acoso inmobiliario activo, es decir, hacer cosas para que el inquilino se vaya, si no simplemente el abandono del edificio”, según explicaba la periodista extremeña. Televisión Española ponía como ejemplo similar -“un edificio que ha sufrido el abandono de sus propietarios desde hace años”- el caso de Rosal Blanco nº 6 en Málaga.


Ocupación de toxicómanos
Dos meses después de la emisión de RTVE, la revista digital malagueña ha vuelto a hablar con Manoli (Manuela Rivero), inquilina de Rosal Blanco nº 6 desde 1975. Y la situación ha ido a peor. A ella le han diagnosticado cáncer. Y Carmela (Carmen Sarmiento, que vive allí, pagando el alquiler, desde su nacimiento y tiene 70 años) ya no puede ni salir de su habitación. Apenas sí se puede mover. Los toxicómanos siguen okupando una de las estancias de este caserón construido en 1889, “tres más los que llegan”. Manoli, sus hijo de siete años -el mayor ya tiene 20- y Carmela siguen a la espera de un realojo que no llega. La vivienda continúa en el estado deplorable en el que ha estado los últimos. Faltan palabras para describir el estado de miseria material en el que se  encuentra.

Reclamación de dinero
Mientras la degradación de las inquilinas llega a extremos inhumanos, los antiguos propietarios del inmueble, reclaman dinero. Así lo hizo saber el pasado martes el periodista Javier García Recio: “El alcalde, Francisco de la Torre, ha reclamado al Ayuntamiento la agilización de un expediente por la expropiación de un inmueble del que es propietario junto con sus hermanos, que tiene un justiprecio de 183.733 euros y del que los hermanos De la Torre vienen esperando su cobro desde noviembre de 2009. El escrito dirigido a la Gerencia de Urbanismo y firmado por Santiago de la Torre «en representación de sus hermanos» reclama la terminación del expediente en tres meses, transcurrido los cuales acudirán a la vía contencioso administrativa. La Gerencia de Urbanismo desestima la reclamación de los hermanos De la Torre y explica que la finca expropiada, en calle Rosal Blanco, forma parte del acuerdo entre Junta y Ayuntamiento para la rehabilitación de zonas degradadas y que aunque el Consistorio es quien expropia, es la Junta la que está obligada al pago de la expropiación, a la vez que enumera las veces que ha instado a la Junta a pagar la cantidad correspondiente, de ahí que rechace el escrito”.


Nadie de la propiedad se persona en la casa
Hasta marzo de 2011, nunca nadie de la familia del alcalde Francisco de la Torre se había personado en la casa de sus inquilinos para comprobar el estado de conservación de la misma, afirma Manuela Rivera, quien ya apuntó este hecho en 2007. Los contactos de los arrendatarios con la propiedad han sido a través de un administrador de fincas y se han limitado al pago de las mensualidades, que hoy día continúan.