“Buena actuación”
Y es que para María Dolores Cospedal la decisión del alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde Rosa, de dimitir tras ser imputado por presunto fraude fiscal, es una “buena actuación con sus convecinos y con el Partido Popular”. No solo eso, la secretaria general ha asegurado también en su habitual rueda de prensa de los lunes en la sede del PP, sita en la madrileña calle Génova, que “ha sido una buena actuación la presentación de su dimisión y creo que esto es lo más importante y lo que hay que poner en valor; no se le puede pedir mayor rapidez”.
¿Y qué pasa con su asesor?
¿Por qué la decisión de Conde Roa es necesaria con el fin de que sus “cuestiones con la Justicia de carácter personal” no puedan “afectar” ni al Ayuntamiento de Santiago ni al Partido Popular, según las propias palabras de Cospedal, y no es igual de necesaria la dimisión del asesor de su Gobierno imputado por un supuesto delito de prevaricación urbanística? Se preguntan en la calle Génova.
Prevaricación urbanística
Aún es más. Las mismas fuentes se preguntan: ¿Qué es más grave, defraudar a Hacienda, o que a un exalcalde lo imputen por prevaricación urbanística? No cabe duda de que los cargos que pesan contra el exalcalde de Ocaña y asesor del Gobierno de Cospedal, Carlos Martínez Osteso, son muy graves dada su condición de alcalde cuando se produjeron los supuestos hechos, que también han llevado al banquillo al actual teniente de alcalde de la localidad toledana, todavía en el cargo, acusado de los mismos supuestos delitos.
“¿Por qué protege Cospedal a su asesor?”
Sin embargo, Cospedal hacen oídos sordos a las voces que piden la dimisión del exalcalde de Ocaña, como es el caso del PSOE, que desde hace varios días viene exigiendo el cese de Carlos Martínez. “No sabemos por qué la presidenta lo protege, pero sí sabemos que otros han tenido que abandonar sus puestos públicos por mucho menos”, comentan a ELPLURAL.COM fuentes socialistas.
Altos cargos peculiares
El caso es que Cospedal no tiene mucha suerte con la elección de sus altos cargos, como lo prueba la decisión de nombrar a José García Ferrer director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, quien tuvo que dimitir como director general del Gobierno de Esperanza Aguirre al ser acusado por sus suegros de no permitirles ver a sus nietos; o fichar a un exfalangista para hacerse cargo de la Dirección General de Función Pública y Justicia de Castilla-La Mancha, o, últimamente, incorporar a su entorno más próximo a un conspiranoico que cuestiona la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los atentados del 11-M, ratificada por el Tribunal Supremo y avalada hasta por 14 jueces de otros tantos juzgados.
