La dulce victoria convertida en derrota fatídica del PP de Javier Arenas ha escocido notablemente al Gobierno de la Nación. Desde el primer día el gobierno hace declaraciones en contra de la solvencia económica de la Junta, intenta asustar con la llegada de un próximo gobierno PSOE-IU o lleva al TC la ley de Incompatiblidades. Montoro y Báñez pierden parte de su tiempo como ministros en utilizarlo como arietes partidistas contra la Junta de Andalucía.

El PP quiere el copago en Andalucía
Mal perder qe se une al hecho de que Javier Arenas, como siempre, calla y da por bueno los ataques a Andalucía. Ahora es Ana Mato la que se hace cómplice de esta situación amenazando a los laboratorios farmaceúticos que acudieron a la subasta convocada por la Junta de Andalucía y de esa manera obtener un ahorro para no aplicar un copago que en el fondo, es lo que desearía el PP y el propio Javier Arenas

Amenazas a cuatro laboratorios
Según informa hoy el diario EL PAÍS en su edición andaluza, el Ministerio de Sanidad ha cumplido su amenaza con los cuatro laboratorios que firmaron con la Junta de Andalucía el convenio de adjudicación de la subasta de fármacos. El departamento que dirige Ana Mato ha informado a las empresas (Industria Química y Farmacéutica Vir, Medinsa, Uxafarma y Aurobindo) de que revisará sus precios para que la rebaja que ha pactado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se extienda a toda España.

Pequeños laboratorios
Según el rotativo de PRISA, Sanidad ha informado a estas cuatro empresas (pequeños laboratorios no asociados a las grandes patronales) del inicio de un procedimiento para “la reconsideración de las condiciones de financiación y, en su caso, de dispensación” de los medicamentos que cada uno ha acordado con la Junta. El ministerio apoya su decisión en el artículo 91.2 de la ley de garantías y uso racional del medicamento, que establece que “el precio de un fármaco podrá ser modificado cuando lo exijan cambios en las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica”. El departamento de Ana Mato entiende que el convenio firmado entre estos laboratorios y la Junta fija un nuevo escenario que le faculta para rebajar de oficio el precio de estos medicamentos.

La Junta estudia llevar a los tribunales al ministerio de Mato
Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando el asunto para valorar la posibilidad de llevar al ministerio a los tribunales. “Es lamentable que se boicoteen así las medidas de eficiencia que intenta activar Andalucía. Si creen que invade sus competencias, que lo recurran, pero lo que están haciendo es torpedear el trabajo de una Administración que está buscando medidas de eficiencia”, lamentó Montero. La Junta preveía ahorrar hasta 200 millones de euros al año (40 millones en la primera fase) con la subasta de los principios activos más consumidos, pero la medida está ahora en el aire porque el Gobierno ha anunciado la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Coacción a las empresas que acudieron a la subasta
El Ejecutivo de Mariano Rajoy negó haber ejercido presiones, pero las empresas que sí acudieron contaron a la Junta que habían sido advertidas de que, si seguían adelante, les obligarían a bajar sus precios hasta dejarlos al nivel de los ofrecidos a Andalucía. La consejera andaluza en funciones, María Jesús Montero, no tiene dudas de que el procedimiento iniciado ahora corrobora la versión de los laboratorios. “Sinceramente, yo pensaba que, una vez que lo denunciáramos, el Gobierno no iba a poner de manifiesto que todo era cierto”, señaló Montero en declaraciones a este periódico.

Mato: "Si están dispuestos a bajar el precio para Andalucía, que lo bajen para todos”
La ministra Ana Mato, en declaraciones a los periodistas después del consejo territorial de Dependencia, confirmó el objetivo de su departamento: “Ya que están dispuestos a bajar el precio para Andalucía, que lo bajen para todos”, señaló Mato. Para Andalucía, esta actitud supone una intervención “ilícita” en las reglas del mercado. Las empresas que se presentaron a la subasta andaluza ofrecieron al SAS una mejora económica sobre la base de que le comprarían un número mínimo de envases al año (variable para cada medicamento). Pero si tienen que reducir su precio para el resto del país sin ese compromiso mínimo de venta, no les saldría rentable.