Sin embargo, estamos presenciando en los últimos meses multitud de casos no sólo vergonzosos, sino también potencialmente criminales, relacionados con los recortes en sanidad que el Gobierno del PP está perpetrando. Los medios de comunicación ya llevan tiempo denunciando casos concretos relacionados con estos desmanes antidemocráticos, como la muerte de algunos enfermos por no haber sido atendidos a tiempo, como listas de espera de años vista ante casos médicos urgentes, como cierre de centros sanitarios, como reducción de personal, de medios, de horarios de trabajo, como cierre de quirófanos. Y tales medidas, especialmente en algunas comunidades como Cataluña, están deteriorando muy gravemente la asistencia médica de los ciudadanos, que pagan de su nómina al Estado una media de unos 300 euros mensuales por tal servicio a la Seguridad Social.

Conozco a médicos indignados e impotentes ante tales desmanes. Profesionales de la salud cuyo código deontológico les obliga a hacer todo lo posible por curar y salvar vidas humanas, y que no pueden cumplir por imperativos de la infame política de la derecha, que está desviando los recursos sanitarios públicos a manos privadas, y que está despreciando groseramente los derechos más básicos de los ciudadanos. Que no hay dinero es mentira. Que se está expoliando lo público es la verdad. Como lo es que se están cercenando gravemente los servicios de los ciudadanos en el nombre de una crisis que no es culpa de los ciudadanos, sino de los mismos políticos que les están dejando sin el derecho básico que es la asistencia médica primaria.

Hace unos días, ante tales circunstancias, algunos representantes del movimiento del 15M, respaldados por algunas personalidades del mundo de la cultura, han interpuesto ante la Fiscalía de Cataluña una denuncia contra el Departamento de Salud de la Generalitat, por entender que las actuaciones que se están llevando a cabo en esta Comunidad pueden constituir un delito criminal recogido en el Código Penal; en concreto en sus artículos 196 y 542.

Llevamos meses siendo testigos de la erosión contundente de nuestro Estado de Derecho. Que la crisis es utilizada como ruin señuelo con que algunos justifican estos voraces ataques a los derechos de los españoles se constata por la simple evidencia de las subidas de sueldos de los cargos políticos, o por el aumento de beneficios de la banca, o por la financiación pública de centros educativos de carácter e ideología confesional, y por el incremento rotundo de las fortunas privadas. El déficit presupuestario es consecuencia de gestiones infames del dinero público y del expolio que ha llevado a cabo el mercado financiero, no del gasto que suponen los servicios básicos ciudadanos.

Según algunos medios, la Iglesia católica deja de aportar al Estado 3.000 millones de euros anuales sólo por la exención en el pago de impuestos de bienes inmuebles, siendo, como es, una de las mayores propietarias de suelo en España. Sin embargo, la derecha está estimando oportuno mantener ese anacrónico privilegio mientras despoja a los ciudadanos de su derecho más primario a atención médica. Si esto es democrático, que nos lo expliquen. Porque los políticos, sean del signo que sean, tienen que ser conscientes de que hay una delgada línea roja que separa la democracia de la tiranía, y que delimita no sólo la decencia y la indecencia sino, también, lo que puede llegar a constituir delito criminal, según las leyes que, al menos en teoría, nos amparan.

Coral Bravo es doctora en Filología