Ayer fue la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) la que expresó su malestar por medio de un duro informe remitido al Ministerio de Industria; hace unos días consejeros de la de Energía (CNE) mostraron su descontento y, de forma más sorda los de la Competencia (CNC).
Se cruzan en esta pugna entre el propósito gubernamental de control y la resistencia de dichos órganos en defensa de su independencia, intereses políticos, corporativos y meramente particulares.
Hay que recordar que la mayor parte de estos órganos están dirigidos por personas colocadas por el PSOE y que cuando tocaba la renovación el Partido Popular prefirió abstenerse en espera de contar, como ha ocurrido, con una amplia mayoría parlamentaria.
Parece que el PP prefiere cambiar las leyes, lo que les resulta fácil con su holgada mayoría absoluta, que proceder al relevo, cuando toque, de buena parte de los consejeros socialistas.
Con el nuevo proyecto de ley anunciado por la vicepresidenta el pasado 24 de febrero se acaba de un plumazo con la incomoda independencia de dichos órganos con el pretexto de economizar gastos.
Por otro lado los consejeros de los órganos afectados no se movilizan solo por altruistas criterios sino también por conservar un estatus y unas remuneraciones de alto nivel.
Es verdad que los organismos tienen escasa propensión a desaparecer pero lo cierto es que las razones dadas por la Administración son escasamente convincentes y en algún caso engañosas.
Sáenz de Santamaría ha cifrado el ahorro esperado en 4 millones de euros, en su mayor parte procedente de la reducción del número de consejeros de 52 a 9.
Para hacer este cálculo la vicepresidenta mete en el saco a comisiones nonatas como la postal, la del juego, la ferroviaria, o la aeroportuaria que aún no se han constituido.
El ahorro no será tan grande como el anunciado porque se suprimen consejeros pero no estructuras que, simplemente se convierten en direcciones ministeriales.
Además, los órganos más importantes que ahora se integran en el departamento de Luis de Guindos, la CNE y la CNT, no se financian con cargo al Tesoro Público sino en base a las tasas obtenidas de los respectivos operadores.
Sólo la CNC se nutre de los Presupuestos generales del Estado de la que el pasado año recibió 12 millones de euros pero este organismo es sumamente rentable pues devolvió al Estado 250 millones de euros por las multas que impuso a los infractores de la sana competencia, tal como hace la Dirección General de Tráfico con los automovilistas pillados en culpa.
Con el nuevo esquema las cosas cambian pues no parece probable que, por ejemplo, las eléctricas estén dispuestas a financiar con sus tasas al regulador de las telecos, tal como explicaron fuentes del sector al semanario El Nuevo Lunes.
“Seamos claros- declararon en fuentes del sector de la energía a la autora del articulo publicado en dicho semanario por Nuria Díaz - no es una cuestión de suprimir costes, sino consejeros. Con el consejo recién estrenado, y un mandato de cinco años, el PP hubiera tenido más difícil justificar un cambio de consejeros”
El efecto práctico del cambio es que desaparecen unos órganos independientes, que vigilaban el buen hacer de las empresas que conforman la mayor parte del PIB del país lo que no tiene precedentes en la Unión Europea.
José García Abad es periodista y analista político
