Él se lo guisa y él se lo come, pero no es el único. Numerosas comunidades gobernadas por el PP o por Convergencia i Unió, en el caso catalán, han comenzado la privatización de la sanidad a paso veloz. Es un buen negocio y no lo van a desaprovechar en los años que estén en el poder.
R. B. lleva más de 20 años ocupando puestos en el citado organismo público, cuyo trabajo es dirigir a 60 hospitales financiados por la Generalitat pero cuya gestión depende de fundaciones o consorcios sin afán de lucro.
Pero B., que sí debe tener afán de lucro, además de esta actividad pública tiene otra privada: ser propietario del grupo SERHS el cual ha conseguido contratos de dichos hospitales públicos por valor de 50´8 millones de euros, un tercio de éstos sin pasar por concurso público.
R. B. por las mañanas se supone que coordina a 60 hospitales de Catalunya pagado por la Generalitat y por las tardes se presenta a concursos, que ha redactado él mismo, para que el Gobierno catalán le contrate los servicios de cocina de esos hospitales. Tanto él como la Generalitat no sienten vergüenza al afirmar que ellos cumplen con las normas. Lo que no cuentan es que éstas las han redactado ellos mismos.
Mientras tanto el presidente de la Asociación catalana de enfermos de hepatitis C denuncia que la sanidad catalana se niega a facilitarles los más recientes tratamientos para ahorrar, cosa que también ocurre en Aragón, Asturias y Cantabria. Parece una broma si no fuese un escándalo.
Y por si esto no fuese poco, nos encontramos con otro personaje como Josep Prat Domènech, pesidente del Instituto Catalán de la Salud, empresa de la Generalitat que gestiona unos 400 centros sanitarios de titularidad pública que sin ningún tipo de pudor compagina este cargo con la vicepresidencia de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España.
Prats conoce perfectamente los recortes sanitarios, los entresijos políticos y las oportunidades de negocio en este sector.
Pero Prats no se conforma con dos trabajos. Además dirige el holding INNOVA, grupo empresarial público propiedad del Ayuntamiento de Reus, que agrupa, entre otros, varios centros sanitarios y la empresa pública Sagessa, compañía con una decena de hospitales y ambulatorios distribuidos por la provincia de Tarragona.
Prat es el autor o inspirador del plan que prevé trocear el ICS en una veintena de compañías abiertas a nuevas formas de gestión y de colaboración con el sector privado.
¿Es esto privatizar la sanidad?, se preguntarán ustedes. Pues va a ser que sí.
Pero eso no sólo pasa en Catalunya. Esperanza Aguirre inauguró ayer con los reyes un nuevo hospital en Móstoles. El propietario de dicho hospital será durante los próximos 30 años la empresa Capio Sanidad, propiedad de un fondo de capital riesgo (CVC Capital Partners) que ha invertido en su construcción 232 millones de euros. Pero a partir de ahora esperanza Aguirre pagará a dicha empresa un tanto por dar un servicio. Eso sí, los médicos y las enfermeras los pone y paga Aguirre.
De hecho al presidente de Capio Sanidad, Víctor Madera, ya se le denomina el nuevo “conseller” de sanidad valenciana ya que un millón de personas van a estar en manos de este ejecutivo.
Pero nuestros políticos no se conforman con que empresas privadas obtengan beneficios a costa de un servicio público sino que encima, como ocurre en Madrid, contratan con empresas de Capital Riesgo con sede en Luxemburgo y con constructores implicados en la red Gürtel.
Y al mismo tiempo que sucede esto, nos venden en campaña electoral que ellos no van a tocar la sanidad pública. Quizás la Real Academia de la Lengua tenga que variar el concepto del verbo “tocar” porque en nuestra realidad tocar es trocear, vender, alquilar, negociar… y algún significado más que prefiero no citar.
Mercè Rivas Torres es periodista y escritora
