El aznarismo es la versión española y actualizada del neoliberalismo más radical que tuvo como máximos representantes a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ambos se dedicaron con inusual fiereza no ya a hacer frente a las organizaciones sindicales sino a combatirlas con el objetivo de abatirlas. El renacido aznarismo encarnado en el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy ha escogido esta misma línea, en perfecta sintonía con los actuales continuadores del ultraliberalismo, ya sea en su versión estadounidense del Tea Party o en su adaptación española del Cazalla Party. En descarada connivencia con la patronal, el PP dilató las negociaciones de la reforma laboral porque sabían que, una vez la derecha recuperara el poder perdido, el nuevo Gobierno impondría todo cuanto los sindicatos habían rechazado hasta entonces. Paralelamente, tanto desde el propio PP como desde sus cada vez más numerosas e influyentes terminales mediáticas se puso en marcha una campaña de intoxicación contra los sindicatos, ya fuera intentando deslegitimarlos ante los parados o recurriendo incluso a la pura y simple difamación, propalando todo tipo de bulos y rumores sobre los dirigentes sindicales.

Pero la radicalidad extrema de la reforma laboral impuesta por el PP con el apoyo de CiU no ha dejado más solución a los sindicatos que echarse a la calle y a ejercer dos derechos explícitamente reconocidos en nuestra Constitución: el derecho de manifestación y el derecho de huelga. La reforma laboral –“extremadamente agresiva”, como la calificó sin rubor ninguno el ministro de Economía, Luis de Guindos- es el más importante recorte de derechos de los trabajadores que se ha hecho en nuestro país desde el restablecimiento de la democracia. Un recorte de derechos que afecta tanto a los trabajadores que aún tienen trabajo como a todos aquellos que están en el paro. Se trata de un retroceso gravísimo en los derechos de todos los trabajadores, también para los desempleados.

Las recientes manifestaciones contra la reforma laboral, convocadas por los sindicatos con el apoyo de los partidos de izquierdas, han sido una muy buena demostración del rechazo que, según las encuestas, el 63% de la ciudadanía manifiesta respecto a la reforma laboral. Pero hay un dato a tener muy en cuenta: las mismas encuestas señalan que el 67% de los ciudadanos opinan que la huelga general del próximo día 29 de marzo no servirá de nada. Y es que el miedo se ha apoderado ya de gran parte de la ciudadanía. El miedo a dejar de percibir la parte correspondiente del día de huelga. El miedo incluso a poder perder el puesto de trabajo. El miedo al miedo. Como en otros tiempos que creíamos ya por siempre superados, la huelga general del próximo día 29 de marzo no será sólo una protesta contra esta reforma laboral. Será también una acción contra el miedo.

Jordi García-Soler es periodista y analista político