Por su interés, reproducimos la nota de Baltasar Garzón, en la que explica las razones de su renuncia:
Acompaño y Secretario Ejecutivo del Comité de Prevención de la Tortura con sede en Estrasburgo, al que pertenezco desde mi toma de posesión en 2011.
Como en dicha carta explico, mi posición, como miembro independiente del CPT en representación de España, no se ve comprometida por la sentencia pronunciada el 9-2-2012 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en mi contra.
A lo largo de mi trayectoria profesional siempre he actuado en defensa de los derechos de los justiciables, especialmente en aquellos casos de terrorismo en los que por aplicación de la legislación específica en la materia, se ven mermados algunos de ellos por la incomunicación de los detenidos, como los de la libre elección de abogado, conocimiento del lugar de detención y a la intervención de un médico de confianza, entre otros.
En este sentido he propugnando y afirmo la necesidad ineludible para cualquier juez de la aplicación de tales protocolos que prevengan las eventuales prácticas de malos tratos y torturas, a la vez que sirvan de protección a los propias fuerzas y cuerpos de seguridad en su difícil trabajo en la lucha contra el crimen. Desconocer esa obligación y con ello posibilitar, si quiera potencialmente tales prácticas, entrañaría una grave responsabilidad por parte de quien tiene por obligación constitucional de defender los derechos de los imputados.
Con mi decisión, voluntaria y generosa que nadie me ha pedido ni desde dentro o desde fuera, pretendo posibilitar que mi país proponga a un nuevo candidato que, como yo, defienda estos principios y con ello contribuir a que el CPT consiga erradicar la lacra de la tortura y la de cualesquiera otras penas, tratos inhumanos y degradantes, contra la que todos debemos luchar.
