El Alto Tribunal, que ya desestimó la querella el pasado 14 de septiembre, confirma la "inexistencia de arbitrariedad, ilegalidad o invasión de competencias" por parte del Ministerio por emitir la Orden en enero de 2010 que paralizaba los derribos y la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hacia el mar.
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