La medida anunciada por el ministro Montoro será aprobada casi con toda seguridad este viernes en el Consejo de Ministros. Técnicamente se articula como un consorcio de bancos, entre los que se encuentra el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tiene por objeto la posibilidad de que los proveedores que tengan facturas por servicios o ventas a comunidades autónomas o ayuntamientos puedan acudir a su propio banco o a uno próximo con dicha factura sellada por la administración correspondiente y allí les será abonada con el descuento de una comisión por la gestión del cobro.


Sin riesgo para la banca
Los bancos que formen parte del consorcio, que el Ministerio quiere que sean todos los importantes, se quedarán con la factura pagada al proveedor. Con ella podrán hacer dos cosas: quedársela y cobrarle al ayuntamiento o comunidad autónoma el interés correspondiente durante el período que fije el Consejo de Ministros como plazo de pago, o bien descontarla a su vez en el ICO, que reintegrará el importe al banco por el total de la factura y se encargará entonces de cobrar los intereses. Con ello, los bancos privados no asumen riesgo alguno y recaudarán la comisión inicial pase lo que pase.


Cuantiosas comisiones
Las estimaciones de los expertos es que las deudas a cubrir con esta línea especial de pagos rápidos puede ascender a 40.000 millones de euros entre todas las administraciones implicadas. Aunque el Ministerio de Hacienda lleva días negociando con la banca una reducción de las comisiones que habitualmente cobran, ningún analista espera que apliquen un cargo inferior al 2% de la cantidad abonada por la factura pendiente. Eso quiere decir que en el mejor de los casos para los proveedores, recibirían un 2% menos de lo que les deben, lo que darán por bien empleado, pero los bancos podrían llegar a recaudar hasta 800 millones de euros en comisiones.


Cospedal no lo consiguió…
El plan de Montoro pone en solfa el que hizo su compañera de partido y recientemente nombrada mujer todopoderosa del PP, María Dolores de Cospedal, que como presidenta de Castilla-La Mancha ideó una maniobra similar en septiembre de 2011 para pagar a los farmacéuticos de la región, que aún están en pie de guerra porque no cobran las medicinas que expenden a través de la Sanidad Pública. La idea consistía en que un consorcio de bancos adelantara el dinero con el único aval de las recetas. Pero como la banca no sabía el plazo en el que iban a cobrar lo que se les pedía que adelantaran, el plan ha fracasado.


…Y Montoro tampoco
El propio Ministerio de Hacienda puso en marcha en enero, tras una reunión con todas las comunidades autónomas, otro plan del ICO con 10.000 millones de euros de dotación, ampliables a 15.000, para que fueran los propios gobiernos de las autonomías los que pidieran los préstamos, previa certificación de que las facturas para cuyo pago pedían el préstamo estaban contabilizadas como déficit público. Tampoco ha funcionado, y por ello Montoro ha copiado la vieja fórmula del redescuento, inventada hace décadas y que ya utiliza asiduamente el Banco Central Europeo, aunque en el caso español supone un riesgo mayor.


Copia con más riesgo
Las líneas de liquidez que últimamente pone en marcha el Banco Central Europeo cuentan con la particularidad de que los países miembros de la eurozona pueden ir a pedir dinero en efectivo a cambio de depositar en el BCE títulos de deuda pública como garantía. Eso es lo que técnicamente se llama una recolocación. Un banco compra deuda pública y se lleva la comisión correspondiente. Después la pone como garantía en el BCE y vuelve a recuperar el dinero que invirtió, pero siempre se queda con la comisión. El Banco Central Europeo la vende después en el mercado o se la queda hasta su vencimiento cobrando los intereses, porque no hay riesgo de que ningún país deje de pagar su deuda. Incluso a Grecia le han adelantado dinero para que lo haga.


Si falla… pagamos todos
En el caso del plan de Montoro, la técnica es muy parecida. El banco compra una factura de una comunidad autónoma o un ayuntamiento por su valor, menos la comisión correspondiente. Luego la coloca en el ICO y vuelve a recuperar el dinero invertido, sin riesgo y con la comisión ganada. Pero el riesgo lo asume el ICO y aquí sí que hay posibilidades reales de que algunos ayuntamientos tengan auténticos problemas para devolver el dinero de la factura si continúa la crisis. Si el agujero fuera lo suficientemente grande como para poner en apuros al propio ICO, el Estado tendría que salir en su auxilio asumiendo como propias parte de sus deudas y entonces todos deberíamos una parte de esas famosas facturas. No ahora, seguramente dentro de unos años, cuando todo esto ya parezca historia.