Adiós a las líneas rojas
El anteproyecto de modificación de la ley audiovisual de 2010 anuncia que pretende “flexibilizar” el modelo de las televisiones autonómicas “para que determinen el modo de gestión en la prestación de su servicio público de comunicación audiovisual que estimen más oportuno”. Hasta ahora se permitía la externalización de parte de la programación, pero el anteproyecto elimina las actuales líneas rojas: los servicios informativos y la programación de servicio público.
¿Sin control sobre los informativos de las públicas?
El anteproyecto es lo suficientemente ambiguo hasta ahora para dejar en el aire los mecanismos parlamentarios que vigilan los servicios informativos de las autonómicas, y deja una puerta abierta a que se haga lo mismo con RTVE. El secretario de Comunicación Social y Cultura de UGT, Carlos Ponce, advierte de que es el fin de la información plural regulada por ley y supervisada por mecanismos políticos y ve una puerta indirecta a que en el futuro se actúe igual con TVE. Ahora el ente público nacional cuenta con su propia regulación, pero la futura reforma del marco general eliminará para todos los canales públicos el artículo 40.1 de la ley audiovisual que obliga a que determinados servicios como los informativos dependan de las propias televisiones autonómicas. De ahí que se pregunte por el futuro de los actuales mecanismos de control parlamentario tanto en las televisiones autonómicas como en la nacional –que requeriría en cualquier caso de otro paso más-, así como por el horizonte de los 10.000 puestos directos y 20.000 indirectos que dependen de estos medios.
Trabajadores de cadenas públicas, en el punto de mira del Gobierno de Rajoy / Foto PP
“Ahora nos tiran como a un kleenex”
La valenciana Canal 9 ya lleva un buen trecho recorrido para la externalización, y mantiene una estrecha relación con periodistas y exdirectivos de Intereconomía. Y la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha insistido en su intención de privatizar Telemadrid, con lo que verá ahora el campo abonado. Un portavoz de la sección sindical de UGT-Telemadrid denuncia que se otorgará “carta blanca” a productoras amigas para acceder a precio de saldo o gratis a recursos públicos, y subraya que en ese caso ha sido el Gobierno de Aguirre el que ha disparado los costes inflando los cuadros directivos con personal afín y con redacciones paralelas a las que ya se encontraban en plantilla para instrumentalizar los servicios informativos. "Han disparado la deuda y degradado el servicio, llevan ocho años usándonos para sus fines particulares y ahora nos tiran como a un kleenex", lamenta.
¿Gobiernos públicos financiando la ‘limpia’ de plantillas?
En el caso de Telemadrid están en juego 1.250 puestos de trabajo, aunque en los últimos años ya se han eliminado más de 300 entre los servicios públicos de radio y televisión. Desde los sindicatos advierten de que aunque se vaya a insistir en el mensaje de la deuda, la vía libre total para los operadores privados no se traducirá en ingresos: podrán acceder a un patrimonio de recursos levantado con dinero público, se les encargarán más contenidos ‘subvencionados’ con recursos de todos y además puede que sean las propias Administraciones las que paguen los adelgazamientos de plantilla. Y es que la reforma laboral de Rajoy permitirá prescindir de personal fijo a precio de saldo -20 días de indemnización por año trabajado- alegando caídas de ingresos, y los Gobiernos del PP pueden ‘presumir’ en los últimos años de haber desfondado los ingresos de sus televisiones autonómicas. Empresas privadas bien situadas para hacerse con la gestión de Telemadrid y otras autonómicas, como la productora Secuoya, han insistido en los últimos días en la premisa de entrar con plantillas reducidas.
Un riesgo consumado en algunas comunidades
Desde plataformas como Intereconomía se jactan de que independientemente de las inminentes modificaciones, la externalización de servicios informativos ya es un hecho en las autonómicas de Murcia, Aragón, Baleares (las tres gobernadas por el PP) y Canarias (Coalición Canaria). Aseguran que la empresa murciana que realiza los telediarios no aporta ni sus propias instalaciones, que Aragón paga 6,5 millones de euros a la empresa que ganó el concurso para suministrar material para los informativos, o que por un servicio similar IB3, la televisión autonómica balear, paga al Grupo Secuoya unos 50 millones de euros por un contrato de cuatro años.
