Según el Registro Mercantil, a cuyos datos ha tenido acceso Público, Morenés estuvo vinculado a Instalaza hasta septiembre de 2011 y no hasta el año 2007 como aseguró en el Congreso. Esta compañía, fabricante de bombas de racimo, reclamó al Gobierno de Zapatero 40 millones de euros en concepto de indemnización por el tratado internacional que firmó España para poner fin a este tipo de armamento.

Gadafi usó las bombas de Instalaza contra la población libia
Instalaza contaba entre sus clientes a Gadafi, que compró sus bombas de racimo hasta tres meses antes de la prohibición del Gobierno de Zapatero. El dictador libio usó este armamento contra la población civil que se rebeló contra su régimen.

Morenés omite su vinculación con la empresa hasta 2011
Morenés afirmó categóricamente en el Congreso que fue nombrado consejero en agosto de 2005 y cesó en mayo de 2007, pero omitió que su nombre sigue vinculado con Instalaza hasta 2011, no ya como consejero directo que era el cargo que ocupaba antes, sino como representante y administrador único de la sociedad Boguillas, S.L., que aparece en el Registro Mercantil como consejera de Instalaza.

Los datos del Registro Mercantil le desmienten
El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el 4 de octubre de 2011 el cese de Boguillas SL como consejero de Instalaza y de Morenés como su representante. Fuentes del ministerio de Defensa negaron cualquier vinculación de Morenés con el fabricante de bombas de racimo posterior a 2007, con lo cual, según su versión, los datos del Registro Mercantil serían erróneos.

Los 40 millones de indemnización
Este jueves, ERC y UPyD plantearon sus dudas al ministro en el Parlamento. El diputado de Esquerra, Joan Tardà, recordó al ministro los 40 millones de indemnización que reclamó Instalaza al Gobierno, a lo que Morenés respondió que se trata de un tema “que lleva los caminos judiciales oportunos”. A continuación agregó: “Les puedo asegurar que este ministro no va a actuar ni en un sentido ni en otro”, sin embargo los portavoces no tuvieron opción a réplica.

Conflicto de intereses
Hace unos días, otra formación política, ICV, consideró que hay “un conflicto de intereses” entre el pasado de Morenés en la empresa privada y su actual puesto como ministro de Defensa y registró en el Congreso, una pregunta: si el Gobierno tiene pensado pagar los 40 millones que exige Instalaza.