Doce jueces de 20 dejarán de ser elegidos por el Parlamento y serán designados por el Poder Judicial. Con esta decisión, por lo demás, impuesta, sin permitir derecho a réplica al resto de los grupos políticos, el PP retrocede a 1985, antes de la reforma llevada a cabo por el Gobierno de Felipe González, con la férrea oposición del PP de aquellas fechas: Alianza Popular. Con Manuel Fraga a la cabeza, el partido conservador no estaba dispuesto a renunciar a una judicatura dominada por jueces franquistas.

El recurso presentado por el padre de Gallardón
Es curioso que el ministro que ponga en práctica esta iniciativa sea Alberto Ruiz-Gallardón, hijo del abogado José María Ruiz-Gallardón que en 1985 presentara en nombre de Alianza Popular un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica que había aprobado el Gobierno de Felipe González para regular la composición del Consejo. El Constitucional lo desestimó. El periodista José María Izquierdo señala esta significativa circunstancia en su blog, El Ojo Izquierdo, donde escribe que “27 años después, el hijo vengará la derrota del padre”.

El PSOE denuncia que el PP se salta la soberanía popular
Este miércoles, el portavoz del PSOE en la comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, ha denunciado que el Gobierno se salta el principio constitucional que establece que la soberanía emana del pueblo, porque esta reside en el Parlamento y se le está arrebatando el derecho de decidir la conformación del Poder Judicial.

Consenso
Gallardón reiteró una y otra vez en su intervención en la comisión de Justicia su ofrecimiento de “consenso”, y, sin embargo, la iniciativa del PP se salta hasta los consensos posibilitados por este mismo partido en la etapa de José María Aznar, cuando en 2001 firmó junto al PSOE el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que buscaba acabar con las discrepancias entre ambas formaciones, y que dejaba la elección de los jueces en manos de las Cámaras.

El bloqueo del PP al nombramiento de jueces
El titular de Justicia ha defendido que se busca evitar situaciones de bloqueo en la elección de los magistrados pretendiendo ignorar que ha sido el PP en la oposición el que ha obstaculizado los nombramientos de jueces. Lo hizo en las dos legislaturas de Zapatero y, también, en 1995, cuando impidió durante nueve meses la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por sus intereses partidistas.

La política judicial
Si los médicos no dictan la política sanitaria ni los profesores la educativa, por qué los jueces deben decidir la política judicial cuando el Consejo no es un tribunal, sino el órgano de gobierno de los jueces. El argumento de independencia judicial frente al poder político esgrimido por Gallardón esconde el interés del PP de controlar el Poder Judicial a través de organizaciones conservadoras que dominan la judicatura.