Acusar sin pruebas no es lícito. Señalar a alguien como autor de hechos no probados tampoco es honrado. Sin embargo, María Dolores Cospedal práctica este deporte léxico más de la cuenta; de ahí que no sea la primera vez que es requerida en los juzgados (aunque siempre manda a sus costosos abogados) para que demuestre sus acusaciones. Los ciudadanos recuerdan aquel verano de 2009 cuando la secretaria general del PP inculpó sin más al Gobierno presidido por Zapatero de espiar a dirigentes del PP utilizando a jueces, fiscales y policías. Ella no se retractó, ni el  PSOE quiso llegar más lejos. No pasó nada, y la ahora presidenta de Castilla-La Mancha se fue de rositas.

Vuelta a empezar
La historia se repite, pero en esta ocasión la empresa madrileña “Detectives Almirante” sí ha presentado una denuncia contra la presidenta de Castilla-La Mancha por el “grave perjuicio” que les ha causado las manifestaciones que María Dolores Cospedal realizó contra la empresa y su responsable, Isidro García, entre los meses de enero y febrero de 2011. Cospedal aseguró que esta agencia estaba al servicio del PSOE castellano-manchego, llegando, incluso, a señalar que algunos dirigentes del PP de esta comunidad estaban siendo investigados por los ahora querellantes.

Los amiguetes de Cospedal
Pero la querella no solo afecta a la polémica mandataria autonómica, también salpica a la alcaldesa de Ciudad Real y actual diputada por el PP, Rosa Romero, así como al portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, y ex concejal de ese ayuntamiento manchego. Los vilipendiados detectives acusan a los tres políticos del PP de atentar contra el honor de la agencia y de su representante.

Los hechos
El caso es que Cospedal y sus amiguetes  aseguraron en esas fechas que fueron “investigados por una agencia de detectives” y que la misma era propiedad o estaba “dirigida por un destacado militante socialista que fue candidato por el PSOE en un ayuntamiento de Castilla-La Mancha”. La verdad es que los detectives fueron contratados por un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real para investigar un supuesto caso de acoso laboral, que todavía tendrán que dirimir los tribunales.

Actos previos de conciliación
Ante estas graves acusaciones, los demandantes presentaron actos de conciliación celebrados en Toledo y Ciudad Real, en los que “Detectives Almirante” pedía que se reparase el “deterioro” que había supuesto para esta empresa las declaraciones de Cospedal y de sus amiguetes, que no “pudieron ser acreditadas por cuanto que han resultado ser, todas ellas, falsas”, motivando un perjuicio a la compañía y a su director en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen. Cospedal no se desdijo “cuando se le ofreció a través de un acto de conciliación” esa oportunidad, dicen los querellantes.

Daño moral valorado en 300.000 euros
Los hechos y la negativa de Cospedal a reconocer su error, han afectado, según la denuncia, a la salud física como mental de Isidro García y, por ello, y en base al daño moral causado, la representación de “Detectives Almirante” solicita 100.000 euros, en concepto de indemnización, a cada uno de los demandados (Cospedal, Romero y Cañizares).