La contención verbal no ha sido nunca una de las virtudes del nuevo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero el anuncio de llevar al Código Penal la posibilidad de tratar como delincuentes a los políticos que sobrepasen el límite de gasto impuesto por sus presupuestos es un paso que, de llevarse a cabo, acabaría con dieciséis gobiernos autonómicos en el banquillo y el procesamiento del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, porque todos han incumplido los objetivos marcados.

Todos a la cárcel
Según las estimaciones de cierre del año 2011 que maneja la fundación Fedea, todas las comunidades autónomas, excepto la de Madrid, habrían llegado al 31 de diciembre pasado con un déficit superior al 1,3% de su respectivo PIB regional, lo cual les hace saltar la línea roja de lo permitido por los pactos asumidos por el Reino de España y que fueron consagrados en la reforma constitucional ultrarrápida aprobada el año pasado. Las previsiones de cierre hechas por el propio Ministerio de Hacienda no difieren mucho de las de Fedea. ¿Es esto un aviso a navegantes del ministro Montoro?

El ministro de Justicia, también
Lo peor de todo es que llevado al límite del absurdo su anuncio, también estaría en una situación difícil su compañero de Gobierno Alberto Ruiz Gallardón. Su gestión económica de 2011 como alcalde de Madrid es una incógnita porque las cifras no han sido cerradas aún por los interventores. Pero la herencia que ha dejado está reflejada en un Plan Económico Financiero (PEF 2012-2015) que se vio obligado a pactar con el Ministerio de Economía porque el Ayuntamiento tenía un déficit superior al 5,53% de sus ingresos ordinarios, lo cual le impide, entre otras cosas, poder endeudarse más.

El agravante de la deuda
Y puestos a revisar las cifras de deuda, los fiscales o abogados que tuvieran que llevar la acusación de todos estos políticos que traspasen la línea marcada por el ministro Montoro seguramente podrían utilizar como agravante el peso de la deuda de sus respectivas administraciones sobre los habitantes que viven bajo su jurisdicción. Aquí no hay duda. Los más perjudicados serían por este orden los gobiernos autonómicos de Cataluña, Baleares, Valencia y Navarra, con entre 3.200 y 5.200 euros de deuda por habitante. Valencia y Navarra llevan décadas gobernadas por ejecutivos conservadores y en Cataluña y Baleares la mayor parte de su historia también ha estado bajo gobiernos nacionalistas, o del PP.

Alcaldes en el Parlamento
El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha levantado un notable revuelo mediático, pero el propio PP sabe que la propuesta es muy difícil de sacar adelante. Su mayoría absoluta sería suficiente en teoría con la abstención del PSOE, para cambiar el Código Penal, pero entre sus filas cuenta con 52 alcaldes sentados en sus escaños como diputados y senadores que no serían muy partidarios de amenazar con los barrotes de la cárcel a sus compañeros de partido ahora que el PP tiene la mayoría de los ayuntamientos y comunidades autónomas.