Los demás capítulos sociales, incluidos la educación y la sanidad que, junto a las pensiones, constituyen la base del estado del bienestar serán rebanadas más o menos piadosamente. Si no fuera así lo habría dicho.
Rajoy ha encontrado en los pensionistas, casi nueve millones de personas, base sociológica y coartada social para una política que se supone dura aunque en el discurso de investidura no ha extremado el dramatismo.
No ha aludido a la frase de Churchill prometiendo sangre, sudor y lágrimas, que hubiera sido excesiva en tiempos de paz.
Ha aplazado el gallego para después de Reyes, la fecha que dio a los interlocutores sociales para entenderse, las decisiones sobre los trabajadores respecto a una reforma laboral de la que no ha aportado ninguna precisión.
Sí la ha hecho al afirmar que no va a modificar la ley sobre el nuevo calendario de jubilación, un aspecto que fue consensuado por sindicatos, patronales y Gobierno y aplaudida por la Unión Europea.
Fue uno de los aciertos del gobierno Zapatero. Con la oposición de Mariano Rajoy que ahora da marcha atrás. Más vale tarde que nunca.
Sólo sabemos que los jubilados podrán trabajar sin perder toda la pensión; una vaga alusión a la aproximación de la jubilación real a la legal; y eso sí lo dijo con firmeza: la supresión de las jubilaciones anticipadas, salvo en situaciones excepcionales.
Esperemos que las excepciones no se conviertan en norma pues tan piadosa intención ya había sido expresada por el Gobierno saliente.
Otra de las pocas concreciones está destinada a los pequeños empresarios, la otra base sociológica del flamante presidente.
Al regimiento de los emprendedores a quienes se les permite aplazar el pago del IVA hasta que lo cobren ellos y se les bonifica el primer trabajador que contraten.
Pensionistas y emprendedores primero, parece ser su divisa. Con los primeros se compromete a un aumento del gasto público y con los segundos a reducir los ingresos del Estado.
El resultado en ambos casos, a lo que hay que añadir las desgravaciones fiscales prometidas, representaría el aumento del déficit que es lo contrario de lo que se propone. La respuesta a tan flagrante contradicción reside en una clave misteriosa.
Nos ha dejado en la inopia respecto a si subirá impuestos, se supone que indirectos, o hasta donde llegará con el aludido e inquietante instrumento de “la no disponibilidad”.
O sea el bloqueo de determinadas partidas que serían prorrogadas automáticamente al no haberse aprobado los Presupuestos Generales para 2011, unas cuentas que Rajoy se compromete a rectificar en primavera.
El lápiz rojo será pues, junto a las tijeras, los principales instrumentos de una política económica de emergencia en la que no se dan pistas de la otra parte de la ecuación: inversión, creación de empleo y cohesión social.
José García Abad es periodista y analista político
