La denuncia partió de su secretaria
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial confirmaron al mismo diario la denuncia presentada por una secretaria de la juez Coro Cillán por “unas irregularidades que había visto en un determinado procedimiento penal”.
La Gaceta y su director acusaron ayer a la Fiscalía de "acoso"
Lejos de tratarse de un “acoso” de la Fiscalía contra la juez por su intento de reabrir el caso del 11-M, como aseguraba La Gaceta y su director, Carlos Dávila, que ayer dedicó su columna al asunto, según reconoce hoy este periódico, en el fondo podría tratarse de una mala relación laboral entre la secretaria y la juez. “La secretaria judicial lleva un tiempo buscándole las cosquillas a la magistrada. De hecho, la denuncia puede tener su base en el asunto del cierre de la discoteca madrileña Moma, comentan fuentes del entorno de Cillán. La secretaria judicial alega que la juez no le pasa los autos de este asunto, un aspecto que es rechazado de plano por la titular del juzgado madrileño”, describe el diario.
El diario insiste en la idea de una conspiración
No obstante, La Gaceta no da del todo su brazo a torcer e insiste en su falacia de una conspiración contra la magistrada, al afirmar que fuentes del entorno de Coro Cillán siguen defendiendo que “estas actuaciones forman parte de una persecución por estar investigando un tema tan sensible y de enorme relevancia como es el atentado del 11-M”.
La número dos de una coalición franquista
Ayer, ELPLURAL.COM recordó que Coro Cillán fue como número dos, en 1979, por Guipúzcoa en las listas de Unión Floral del País Vasco, una coalición que reunió a franquistas y ultraderechistas. El periodista de El País José María Izquierdo ofrece hoy más datos sobre esta juez, que, según describe, no ha destacado precisamente por su buen hacer en la magistratura.
La juez fue sancionada por retrasos injustificados
Según apunta Izquierdo, que cita informaciones anteriores de El País, Coro Cillán fue sancionada por retrasos injustificados en 1999 y dos años después volvió a cometer esta misma falta.
“La comisión disciplinaria del Poder Judicial contó esta vez 34 retrasos graves en procesos civiles y 14 en penales. En algunos casos, se celebraba la vista y luego tardaba más de tres años en redactar las sentencias. Cuando era ponente, en ocasiones, Cillán escribía borradores de sentencia que luego no entregaba a sus compañeros de tribunal o que eran rechazados por éstos por no recoger los argumentos acordados durante la deliberación del asunto del que se tratara. En varias ocasiones, el presidente del tribunal tuvo que asumir personalmente la redacción de resoluciones que correspondían a la magistrada”, publicó El País.
Desatención de sus funciones
Según la misma información, a Coro Cillán se le consideró “autora de una falta muy grave de desatención de sus funciones”, por lo que el instructor y el fiscal solicitaron la separación definitiva de la judicatura para la juez infractora invocando que no era la primera vez que se la sancionaba por esos hechos, pero el pleno del Consejo consideró que los hechos no tenían ‘entidad suficiente’ para la máxima sanción que se le puede imponer al juez”, afirmó El País, según el cual a la juez se le aplicó la suspensión de funciones durante dos años, aunque cinco más tarde el Tribunal Supremo anuló la sanción por considerar que el procedimiento sancionador seguido en el Consejo había caducado en 1999.
