En el origen del declive de las cajas valencianas (Bancaja, Caja del Mediterraneo y Banco de Valencia) está la modificación de la ley de las entidades financieras llevada a cabo por el Gobierno popular, que cambió la legislación socialista que fijaba que los representantes políticos en la asamblea de las entidades no podían superar el 35% y lo elevó hasta el 50% en 1997 con el argumento de que los cargos públicos elegidos democráticamente debían de tener más peso en los órganos de dirección de las cajas.

El control político
El brazo político que usó el PP en la Comunidad Valenciana para controlar las cajas fue el Instituto Valenciano de Finanzas, con el que supervisaba el sistema financiero autonómico. A través de esta entidad, la Generalitat imponía sus proyectos, para los que reclamaba la financiación de las cajas, como sucedió con el parque temático de Benidorm Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante, o la sociedad que explota el circuito de Fórmula 1. Todo se hacía según el capricho de la Generalitat.

Financiamiento al Valencia CF
El Gobierno valenciano también usó a las cajas para cargar con su deuda pública, financiar al Valencia CF, las promociones del Instituto Valenciano de la Vivienda, o crear empresas para gestionar la Sanidad con criterios privados a través de Ribera Salud o, incluso, formar parte de la sociedad que explota el aeropuerto sin aviones de Castellón. Todo ello, según desvela este domingo el periodista Josep Torrent en un análisis publicado en El País.

Megalonamía y ambición
Según explica Torrent, “la megalomanía de los Gobiernos del PP, la ambición de los promotores más unos gestores financieros que vieron en el ladrillo la tierra prometida para aumentar sin tasa sus beneficios, llevaron a las cajas al desastre”.

El sector del ladrillo
La presencia de promotores en los consejos de administración contribuyó, también, a la debacle de las cajas valencianas. Sólo en el Banco de Valencia una treintena de inmobiliarias se agrupan bajo la marca Valenciana de Inversiones Participadas (VIP) SL., en las que participan los principales nombres del sector del ladrillo en esa comunidad y en las que el Banco de Valencia tiene participaciones que oscilan entre el 20% y el 50% de forma directa o indirecta.

José Olivas, el hombre fuerte
Tras la marcha de Zaplana a la política nacional de la mano de José María Aznar, y con Francisco Camps de presidente autonómico, José Luis Olivas, exvicepresidente y expresidente puente de la Generalitat, y por aquel entonces uno de los hombres fuertes del PP valenciano, fue colocado al frente del Banco de Valencia, donde permaneció blindado por la mayoría popular.

Las retribuciones millonarias del consejo
Como sucedió con Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), las retribuciones del consejo de administración eran millonarios a pesar de los resultados, cada vez peores, de la entidad. El sueldo del consejo, que presidía José Luis Olivas, se elevó a 1, 969 millones de euros, un total que representó el 2,9% del beneficio atribuido de la sociedad. Los siete miembros de la alta dirección recibieron remuneraciones por 2,838 millones de euros, que no eran sometidas a consideración de la junta general de accionistas, según Europa Press.

Lideró las pérdidas de la Bolsa
El Banco de Valencia perdió el 47,06 por ciento de su capitalización bursátil durante los dos últimos días de negociación antes de su intervención, el pasado lunes. Ha quedado por debajo de los 200 millones de euros frente a los 364 que valía justo antes de ser intervenido. La acción de la entidad lideró las pérdidas de la Bolsa española y cerró la sesión del viernes con un valor por acción de 0,405 euros, frente a los 0,765 euros que cotizaba el pasado 18 de noviembre, según datos del diario Las Provincias.

Déficit de 562 millones
El Banco de España, que ha sustituido a los gestores de la entidad por administradores de su organismo dependiente el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), calcula que Banco de Valencia registra un déficit de provisiones de al menos 562 millones a cierre del primer trimestre de 2011.