El Ministerio Fiscal entiende que no existen indicios para probar que alteran los precios del mercado bursátil y utilizan información privilegiada. "El inicio de un procedimiento penal contra las agencias de rating querelladas supondría -a la luz de los datos de los que hoy se dispone- la apertura de una causa general en averiguación de posibles delitos de los que en la actualidad no existe noticia", sostiene el fiscal.

Sin indicios de delito
En el informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Anticorrupción argumenta en sus conclusiones que no ve indicios de que hayan cometido delitos contra el mercado y los consumidores al rebajar en varias ocasiones desde 2009 la calificación de la deuda española. Unas decisiones que "perjudicaron económicamente a España" porque "hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública".

El juez no admitirá la querella
El Ministerio Público se niega así a que el juez Pablo Ruz admita a trámite la querella que interpuso el pasado mes de febrero el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se han sumado Izquierda Unida y la asociación ATTAC. No obstante, insiste en que esas actuaciones no tienen carácter delictivo ni han sido denunciadas por el Ministerio Fiscal o "por el perjudicado" directo, que es el Estado español.

Una querella centrada en los efectos sobre España
El equipo de abogados que dirigen Gonzalo Boye y Jaume Assens centró su querella en los efectos que había tenido en España las decisiones de las agencias de calificación. A juicio de estos abogados, que contaron con la ayuda de catedráticos de Economía, el "conflicto de intereses" que han puesto de manifiesto todos los informes elaborados tras la crisis están tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal español. Estos artículos persiguen la alteración artificial de los precios a partir de la difusión de información engañosa o haciendo uso de información privilegiada y prevén penas de multa e incluso de prisión: entre seis meses y cuatro años.

Los argumentos de los querellantes
Los querellantes sostienen entre otras cosas, que los principales compradores de deuda pública son a su vez los principales clientes de las agencias y, por tanto, beneficiarios de que los estados tengan que pagar un interés mayor para colocar su deuda en los mercados.