Y, para colmo del desaguisado, la explotación de las mismas -como en la condesa consorte de Murillo, Grande de España y experta jugadora de este “popular” deporte viene siendo habitual con el beneplácito de sus gobernados- fue concedida a un consorcio de empresas privadas cuya propiedad estaba vinculada con dirigentes de su partido; el Partido Popular. Cualquiera que desee más información sobre el caso que acuda a las hemerotecas de aquel año donde encontrarán crónicas sobre vecinos encadenados para frenar el destrozo del Parque Santander -lugar de ubicación de estas instalaciones deportivas- que la presidenta de Madrid había decidido adoquinar eliminando árboles y, también, noticias detalladas sobre las vinculaciones de las empresas adjudicatarias de la explotación de estas instalaciones con miembros de su propio gobierno.
Viene este recordatorio a cuento del requerimiento que hoy hace Esperanza Aguirre al Ministerio de Interior para que desaloje de inmediato la acampada de pacíficos ciudadanos de otro espacio público -la Puerta del Sol- que, según palabras textuales de su brazo derecho, el secretario general del PP madrileño Francisco Granados, está “degenerando de manera dramática en un asentamiento chabolista”.
Esta doble actitud del Partido Popular respecto a la utilización de las zonas públicas retrata su idiosincrasia. Cuando se trata de beneficiar a su potencial electorado no duda en privatizarlos en su beneficio, pero cuando es ocupado por personas críticas e indignadas con una situación política y económica que castiga de forma especialmente cruel a los más necesitados -en un movimiento ciudadano espontáneo y pacífico que a buen seguro hará historia- leña al mono que no son de los nuestros.
No obstante, el correveidile de Aguirre tiene el cinismo de declarar, asimismo, que “los primeros días” de la protesta -que coincidían curiosamente con la campaña electoral- su partido “apoyó las reivindicaciones de los acampados”, pero que, ahora, cuando las elecciones se han convertido en un paseo triunfal, “vamos a tener que solicitar a Zapatero que declare Sol y el centro zona catastrófica”, porque la protesta popular “quebranta gravemente el Estado de Derecho e impide la libre circulación de las personas”.
Este es un anuncio a navegantes, si eres crítico y te manifiestas en un lugar público por una democracia real, participativa y que tenga como prioridad a los más necesitados estarás, según el PP, atentando al Estado de Derecho e impidiendo que las personas “de bien” paseen tranquilamente sus conciencias por la ciudad. Así, que toma nota: cómprate unos palos de golf y la plaza será tuya.
Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas
