La suspensión -que procurará evitar perjuicios al ciudadano, estableciéndose servicios mínimos en las causas con preso y asistencia a detenidos- será de forma indefinida hasta que se logre un nuevo acuerdo sobre el turno de oficio con la Comunidad de Madrid, como recoge la web jurídica Lex Nova.
Incumplimientos reiterados
El paro está motivado por una serie de incumplimientos del Gobierno de Aguirre que se arrastran desde hace años, como una deuda con los abogados de oficio que ya asciende a unos 17.000.000 euros, así como la negativa a un compromiso de pago en un plazo razonable. También denuncian la negativa de revisión de los baremos retributivos de los abogados de oficio, que se encuentran congelados desde 2003, el propósito de la Comunidad Madrid de restringir el acceso a la justicia gratuita a ciertos colectivos, como los extranjeros que carezcan de pasaporte o de certificado de empadronamiento, o la intención de tampoco pagar a los abogados de oficio por el trabajo ya realizado en caso de que posteriormente se le deniegue la justicia gratuita al justiciable.
Mesa en febrero sin resultados
La decisión se produce después de que el Colegio de Abogados instara a la Comunidad de Madrid a constituir una mesa de trabajo para abordar el problema, lo que se produjo en febrero, pero no se llegó a ningún acuerdo en las reuniones.
El Gobierno regional “nos ha tomado el pelo”
Manuel Valero, el presidente de ALTODO, una de las asociaciones convocantes, explica a ELPLURAL que se trata de una situación enquistada y que hasta ahora el Gobierno regional les ha “tomado el pelo” y “no han mostrado buena fe”. De ahí que se muestre poco optimista respecto a un acuerdo que evite la huelga ya que, como en el caso de la gestión de otros ámbitos públicos “huyen hacia delante” y no afrontan la resolución de los problemas.
Incumplimientos reiterados
El paro está motivado por una serie de incumplimientos del Gobierno de Aguirre que se arrastran desde hace años, como una deuda con los abogados de oficio que ya asciende a unos 17.000.000 euros, así como la negativa a un compromiso de pago en un plazo razonable. También denuncian la negativa de revisión de los baremos retributivos de los abogados de oficio, que se encuentran congelados desde 2003, el propósito de la Comunidad Madrid de restringir el acceso a la justicia gratuita a ciertos colectivos, como los extranjeros que carezcan de pasaporte o de certificado de empadronamiento, o la intención de tampoco pagar a los abogados de oficio por el trabajo ya realizado en caso de que posteriormente se le deniegue la justicia gratuita al justiciable.
Mesa en febrero sin resultados
La decisión se produce después de que el Colegio de Abogados instara a la Comunidad de Madrid a constituir una mesa de trabajo para abordar el problema, lo que se produjo en febrero, pero no se llegó a ningún acuerdo en las reuniones.
El Gobierno regional “nos ha tomado el pelo”
Manuel Valero, el presidente de ALTODO, una de las asociaciones convocantes, explica a ELPLURAL que se trata de una situación enquistada y que hasta ahora el Gobierno regional les ha “tomado el pelo” y “no han mostrado buena fe”. De ahí que se muestre poco optimista respecto a un acuerdo que evite la huelga ya que, como en el caso de la gestión de otros ámbitos públicos “huyen hacia delante” y no afrontan la resolución de los problemas.
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