En un artículo publicado en El Periódico de Cataluña, Queral explica que “el derecho penal trata mal los delitos al por mayor”, como se demuestra con casos como el 11-M, donde a pesar de penas superiores a los 40.000 años ninguno de los condenados superará los 40 años de prisión. Pero “si hemos abolido, por fortuna, tanto la pena de muerte como la cadena perpetua, estas son las reglas del juego”, como el caso del etarra Antonio Troitiño.



Las condenas duran lo que duran, también con el PP
El jurista recuerda al PP que también cuando gobernaba “las condenas duran lo que duran” y cuando el delincuente sale a la calle lo hace “con todas las de la ley”. En este caso al etarra Troitiño se le ha aplicado “la legislación vigente en el tiempo de los hechos, sin seguir la tergiversadora doctrina Parot, que no es vinculante, y siguiendo la imperativa doctrina constitucional sobre el abono de la prisión preventiva”. Insiste en que el terrorista “no ha sido excarcelado por un error de cómputo -error no imputable a él-, sino por no seguir un tribunal un designio jurisprudencial del Tribunal Supremo que, con la Constitución en la mano, no le vincula; le orienta, pero no le vincula en absoluto”.

Labor de información
Ante la puesta en libertad de condenados que, como en el caso del terrorismo, tienen alta reincidencia, lo único que se puede hacer el Estado es “labor de información”, lo que “saben tanto Rajoy y Mayor Oreja, exministros del Interior, como De Cospedal, subsecretaria de Interior el 11-M”.

“Suena al caso De Juana”
Además, “la dramatización del caso Troitiño suena a déjà vu, suena al caso De Juana Chaos”. Queralt expone asimismo el “lamentable espectáculo de puro y censurable tacticismo político” que continúa con la oposición pidiendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “que actúe contra el juez responsable de la excarcelación”, cuando como el PP sabe, “el CGPJ no tiene competencia alguna” en un asunto que es “jurisdiccional”.

El estrambote de mezclar a Bermúdez
Pero es que “para asombro de propios y extraños, se culmina con un estrambote: la responsabilidad, según quienes aspiran a volver al Gobierno, es del presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que aquí no ha dictado una sola resolución, pues no integra la sección que ha licenciado a Troitiño”. Queralt sospecha que “el sector más conservador del PP quiere hacer pagar a Gómez Bermúdez” que no centrara su sentencia del 11-M “en los famosos autores intelectuales, tesis repetida por ellos hasta la saciedad pero ajena a cualquier planteamiento jurídico”.