Prevaricación y tráfico de incluencias
Juan Fernández Caballero declarará ante Pedreira el 10 de mayo próximo como presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras la acusación particular del Partido Socialista de Madrid (PSM) y la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
El pelotazo de los 12 millones
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, actualmente en prisión, habría conseguido en Arganda su mayor pelotazo, de 12 millones de euros, con la adjudicación de la empresa municipal de fomento de una parcela pública a la constructora Martinsa.
La adjudicación a Martinsa
En noviembre de 2004, la Sociedad de Fomento y Desarrollo adjudicó una parcela a Martinsa por 77 millones de euros, pese a que había sido tasada en 100 millones. La empresa solo ha abonado 66 millones. El Ayuntamiento permitió levantar más de 1.000 viviendas en los terrenos, y posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más.
Fraccionamiento de contratos
La Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, de la que Fernández Caballero es consejero delegado, realizó presuntas irregularidades en sus adjudicaciones a la red de Correa, entre ellas el fraccionamiento intencionado del gasto en varios contratos y el uso de procedimientos de contratación sin publicidad, según un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), fechado el 29 de mayo de 2009, citado en la denuncia del PSM.
Las declaraciones del empleado de Correa
Contra Fernández Caballero están incluidas en el sumario de este caso las declaraciones de uno de los empleados de Correa, David Luis Cerezo, quien aseguró al juez Pedreira que su contacto en el Ayuntamiento de Arganda era el responsable de la empresa de Fomento: "Yo me reunía con Juan Fernández. Le presentaba los proyectos y no sé lo que hacían. Me dijeron que tenía que ir a Arganda a ver a ese señor y ver si tenía alguna necesidad y presentar los proyectos...".
Otras presuntas adjudicaciones a la trama
El escrito de los socialistas apunta también que Juan Fernández Caballero intervino activamente en dos polémicas adjudicaciones a la trama: el cubrimiento de la piscina de La Poveda y la circunvalación de la AR30, que fueron realizadas por dos empresas acusadas de pagar comisiones ilegales: Teconsa y Constructora Hispánica.
