Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo imputado por los Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, y el director regional de Vitalia Vida, consultora que gestionaba las ayudas, se han culpado mutuamente de los "intrusos" aparecidos en las ayudas de la Junta. En su última declaración como imputado ante la Policía, Guerrero reconoció haber ordenado dar "ayudas sociolaborales" a su suegra y a otros conocidos, si bien la inclusión concreta en empresas en las que nunca habían trabajado "fue cosa de Vitalia, y nunca por indicación suya".

Error de la consultora

Respecto a José Antonio García Prieto, secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, Guerrero explicó que le abordó durante un acto del partido y le "comentó su situación laboral", por lo que le puso en contacto con el director regional de Vitalia para que "la consultora hiciese un estudio para incluirlo en una de esas ayudas sociolaborales". El hecho de que García Prieto y otras dos personas fuesen incluidas en el ERE de Intersur, sin haber trabajado nunca en la empresa, fue "un error administrativo de la propia consultora", dijo Guerrero a la Policía, y añadió que "no sabe explicar cómo la consultora ha podido hacer estas cosas".

"Se ha enterado por la prensa"

Respecto a los "intrusos" detectados en Bonpunt, Cydeplast, Intersur, Hitemasa o Dhul, respondió que "no era consciente de que estuviese ocurriendo" y que "no se considera responsable" de ello, y lo mismo expresó respecto al dirigente socialista jiennense Antonio Garrido Santoyo y la viuda sevillana Carmen Fontela, de cuya inclusión en un ERE "se ha enterado por la prensa", pues él "nunca ha llevado a cabo ninguna acción con la conciencia de ilegalidad o discrecionalidad".

Vitalia

Distinta fue la declaración como testigo de Jesús Bordallo, director regional de Vitalia Vida, una consultora dedicada a prejubilaciones y expedientes de incapacidad, quien el 22 de febrero manifestó a la Policía que "desde la Consejería de Empleo" siempre le indicaban las personas a las que había que incluir en las pólizas y las rentas mensuales que debían percibir. Preguntado por dos "intrusos" detectados en la sociedad Saldauto, declaró que le indicaron su inclusión tanto Guerrero como Ramón Díaz Alcaraz, entonces asesor del director general y ahora diputado andaluz, y éste último "habló personalmente con él solicitándoselo", aunque el afectado ha negado tal intervención.

Empresarios conscientes de lo que hacían

Además, el delegado para Andalucía de Vitalia manifestó que los empresarios que firmaron ERE irregulares "eran conscientes" de que estaban incluyendo a "intrusos". En el caso del Restaurante Río Grande de Sevilla, afirmó que la dueña del negocio tuvo que firmar tres ejemplares de cada póliza con una relación de sus 12 trabajadores afectados, por lo que "fue consciente" de la inclusión de una prejubilada que nunca había trabajado allí, algo que "es prácticamente imposible no verlo".

Saldauto

Respecto a Saldauto, el testigo manifestó que los dos responsables de la sociedad "eran conscientes" y "sabían perfectamente" que estaban metiendo a tres "intrusos" junto a sus cinco trabajadores sometidos a expediente. Un caso especial es el de F.P.H.D., uno de los prejubilados "intrusos" de Saldauto, de quien Guerrero dijo que su nombre "no le suena de nada" pero el interesado declaró a la Policía que "tras diversas reuniones en su oficina, Guerrero prometió darle trabajo". En la misma situación se encuentra J.A.L., acogido al ERE de Intersur, de quien Guerrero dijo que "no lo conoce de nada" pero el propio trabajador declaró a la Policía que en 2003 acudió al despacho del alto cargo para entregar sus datos y acogerse a las ayudas, pero dado que no se encontraba optó por dejar la documentación a su secretaria