Esta misma semana ELPLURAL.COM informaba del escrito final de la Fiscalía Anticorrupción en el que se establece que la red de la trama Gürtel, con sus correspondientes conexiones en diferentes puntos geográficos, habría favorecido la contratación de la constructora Sufi, bajo la gestión de Rafael Naranjo con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga, a sociedades relacionadas del constructor Alfonso García-Pozuelo Asins y a UFC, gestionada por conocido empresario José Luis Ulibarri.

Se trata, sin duda, de una parte importante, quizás la que más, de un entramado que afecta a políticos del Partido Popular en el momento en que se produjeron los hechos y a una serie de empresarios que supuestamente habrían entrado en este 'juego' dinerario a cambio de favorecer presuntas adjudicaciones de obra pública a su favor. Uno de ellos es el mencionado Ulibarri, propietario de un conglomerado de sociedades centradas en distintos ámbitos como la construcción y los medios de comunicación. 

Con el citado auto del ministerio público en la mano, el conocido magnate se enfrenta a siete años y un mes de prisión por el amaño de una parcela en Boadilla del Monte: por el delito de prevaricación, dos años; por el delito de tráfico de influencias, 11 meses; por delito contra la Hacienda Pública, dos años y dos meses; por continuado de falsedad en documento mercantil, otros dos años. Además le reclaman 4,2 millones de euros de multa. 

De cumpleaños con el alcalde

Lo que para cualquier mortal sería una noticia más que preocupante, a José Luis Ulibarri parece no quitarle el sueño, por lo menos en su vida cotidiana. Según ha podido saber ELPLURAL.COM, el millonario empresario tres días después de saber cuál es la petición de la Fiscalía Anticorrupción, acudía a un conocido restaurante de la capital leonesa donde se fotografiaba con el alcalde, el 'popular' Antonio Silván

Según se puede ver en la página de Facebook del establecimiento La parrilla del Húmedo, Ulibarri celebraba allí el cumpleaños con el regidor leonés a quien, visto lo visto, le une una gran amistad y no le importan las cuestiones judiciales del todopoderoso empresario. 

Algunas fuentes han indicado a este medio que, tras la publicación de diferentes fotografías, ha habido presiones al restaurante para eliminarlas, si bien a esta hora todavía continúan en su página de la red social.

Escrito demoledor 

Cabe recordar que en el escrito de Anticorrupción, difundido por ELPLURAL, se explica cómo a principios del año 2005 la Gürtel "convino" con José Luis Ulibarri la adjudicación a UFC SA de una parcela en Boadilla "por un precio menor del realmente procedente a cambio de que al menos una parte de la diferencia entre ambos precios se entregara en concepto de comisión a algunos de los integrantes de aquella".

El sistema era sencillo puesto que los miembros de la "sociedad" de los Gúrtel integrada por González Panero, Correa, Tomás Martín Morales, y Pablo Crespo, señala el escrito, "se aprovecharon de la ascendencia moral y del prestigio de sus cargos y de su relación de amistad con el firmante de los Pliegos de Condiciones Técnicas, Francisco Sánchez Arranz, fallecido el 22.1.2015, convenciéndolo de que los confeccionara de modo que permitieran la adjudicación (...) otorgando a la oferta económica tan solo un valor del 30%, dando, además, al plazo de ejecución una relevancia fundamental en la valoración de las distintas propuestas sin que, sin embargo, se regulara un régimen sancionador concreto ni un seguimiento de obra". Esos pliegos recibieron el visto bueno del Ayuntamiento controlado por el PP y "en atención a lo convenido y sabedor de que iba a ser el final adjudicatario (...) José Luis Ulibarri presentó la proposición de UFC SA ofreciendo un precio de 35.028.000 euros, inferior al de mercado, y fijando como plazo de ejecución 12 meses aun cuando era consciente de que no iba a cumplir el mismo". 

Poco preocupado

"En contraprestación al favorecimiento de la adjudicación anteriormente descrita, conforme a lo convenido, en enero de 2006 José Luis Ulibarri destinó al menos 1.000.000 euros del precio que evitó pagar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a su distribución entre Francisco Gorrea (800.000 euros), Pablo Grespo (90.000) y Tomás Martín Morales (110.000). Con el fin de ocultar la causa y destinatarios de tal entrega, los referidos acusados, con la colaboración de otros cuya participación se detallará a continuación, convinieron la elaboración de facturas ficticias referidas a servicios inexistentes que ampararan formalmente la trasferencia de los fondos desde el pagador hacia los beneficiarios", se dice en el escrito.

En la celebración de este jueves con Ulibarri y el alcalde de León no faltaron siquiera las velas. (Foto: Facebook)

Estas son, grosso modo, las actuaciones que han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar esta misma semana una petición de más de siete años de prisión para el magnate leonés que, a la vista de los acontecimiento, parece que no le preocupa demasiado el tener que enfrentarse a los tribunales de Justicia.